Tras conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas el 30 de julio, el coordinador de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Joel Jabiles Eskenazi, reflexionó sobre los avances en el país y, particularmente, en nuestra región, para refrenar las redes que captan a personas en vulnerabilidad y obtienen beneficios económicos a cambio de su libertad.
“La trata es un fenómeno que tiene muchas causas y, en realidad, es una expresión de desigualdades socioeconómicas, de género, y que busca a personas de mayor vulnerabilidad para captarlas, sacarlas de su entorno y obtener un beneficio a través de ellas”, puntualizó el especialista.
Jabiles reconoció que “el Estado peruano ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, pero todavía el camino es muy grande”. “Madre de Dios es una región que es el reflejo de los desafíos que están pendientes; aparte de que la pandemia ha acrecentado la vulnerabilidad de las personas, así como el número de los medios digitales que permiten la captación de muchas de ellas con falsas ofertas de trabajo”, agregó.
Además, el representante de la OIM resaltó que “hay nuevas dinámicas de trata en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador” y que desde estos países se trasladan a las víctimas a Perú con falsas promesas de un salario y oferta laboral. Por ello, según Jabiles, “debemos entender varias dimensiones agregadas a lo que tradicionalmente estábamos discutiendo; es decir, ahora hay nuevas estructuras criminales que son capaces de articularse de manera transfronteriza”.
Bajo esa lógica, Jabiles sentenció que los Estados deben estar preparados e intercambiar información, así como garantizar asistencia a las víctimas y un trabajo codo a codo con los gobiernos locales, ya que las personas captadas no residen precisamente en la región donde son explotadas.
A su vez, el especialista enfatizó que en los casos en que existe engaño o estafa de por medio, o “cuando hay una persona que no tiene recursos y la coaccionan”, aprovechándose de su vulnerabilidad, “no importa el consentimiento”, en referencia a uno de los elementos que, desde la justicia, se cree que debe exigirse para demostrar la comisión del delito de trata de personas.
En los últimos cinco años, el Ministerio Público ha recibido y atendido 4561 denuncias, a nivel nacional, por el delito de trata de personas, de acuerdo a Rocío Gala Gálvez, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas – FISTRAP, subsistema instalado desde el año 2014.
