El gobernador regional Luis Hidalgo Okimura calificó de "cuestionable" el proceder de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), respecto al manejo y distribución de vacunas que disponen para inmunizar a las poblaciones indígenas contra el COVID-19. Según indicó, existen informaciones que ponen en evidencia que se ha utilizado esas vacunas para inocular a personas ajenas a las comunidades, e incluso a miembros administrativos de la organización.
Hidalgo Okimura dijo a los medios de prensa que el hospital Santa Rosa y el Ministerio Salud deben deslindar toda responsabilidad sobre el caso, puesto que han cumplido con su parte en el proceso de vacunación, pero sin interferir en la creación del padrón, el cual fue íntegramente armado por la Fenamad.
“La ley es clara, la vacunación cubre a los nativos residentes en las comunidades. Es lamentable que personal administrativo ajeno a las comunidades sea favorecido. Sobre ello le corresponde responder a la organización. Sabemos que se están haciendo falsas afirmaciones para justificar algunas vacunas”, comentó.
Por otro lado, informó que en conferencia de prensa el Ministerio de Salud manifestó que en Madre de Dios persiste la reticencia por parte de la población ante la aceptación de la segunda dosis contra el COVID-19. En esa perspectiva, el gobernador instó a la población a no descuidarse y asistir a las campañas que el Goremad organiza.
Desde el sector salud, el director de la Dirección Regional de Salud, Ricardo Tello, también optó por pronunciarse sobre las aparentes irregularidades que han surgido por la inclusión a miembros no nativos dentro de los padrones de vacunación establecidos por la Fenamad. El médico reafirmó que la única intervención de la Diresa fue validar la lista.
“Hemos puesto en conocimiento de la fiscalía y Contraloría para que haga las investigaciones pertinentes. No es nuestra función hacer la verificación. Nosotros hemos validado simplemente”, sostuvo.
Describió que la directiva sustenta que solo miembros de grupos étnicos, familiares directos, miembros indígenas residentes en la ciudad, e incluso residentes con más de seis meses de estadía dentro de una comunidad tienen derecho para acceder a las vacunas destinadas a este grupo. De acuerdo con el titular de Diresa, se tiene conocimiento de que alrededor de 30 personas habían sido vacunadas de forma irregular.
