El presidente de La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), Adrian Vilca, se pronunció sobre el operativo de interdicción realizado el sábado 23 de marzo por presuntos policías e integrantes de la Fuerzas Armadas en una concesión minera ya formalizada.
El abogado de la Fedemin, Eduardo Salhuana, lamentó la forma en la que actuaron los miembros del orden en la concesión minera Fátima de propiedad de Balbina Huamán, quien el pasado 22 de febrero fue formalizada.
Incluso el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, le entregó la Resolución Directoral Regional que autoriza Huamán a ejecutar la explotación minera en la concesión Fátima asignada con el código 17002661x0.
Asimismo, el representante legal de la Fedemin consideró como un abuso por parte de los efectivos policiales y militares intervenir los campamentos y viviendas de mineros formalizados del sector de Malinosky, quienes son detenidos y amenazados y han sufrido la destrucción de sus motores.
"Autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han actuado de una manera completamente ilegal, se ha detenido a las personas, se han hecho disparos al aire, se ha actuado de manera prepotente y violenta contra los mineros formalizados de Malinoski", explicó el abogado.
Además, para Salhuana, no solo los miembros del orden habrían actuado ilegalmente, también "la fiscal coordinadora de la Fiscalía Especialiazada en Materia Ambiental de Madre de Dios habría tenido conocimiento de este echo y habría autorizado o consentido la interdicción, lo que evidentemente constituye una violación adicional".
"El Ministerio Público tiene la obligación, primero, de respetar la legalidad. Lo que está generando esta situación es de zozobra e incertidumbre de temor, y realmente como Fedemin estamos preocupados porque puede generar una parálisis y retroceso del proceso de formalización"
Entre tanto, la propietaria perjudicada, Balbina Huamán, manifestó su indignación con lo sucedido, así como la confusión que siente al recibir un documento que acreditaría su formalidad en la actividad y con la cual no ocurrirían más estos contratiempos.
Por este motivo Huamán, asesorada por la Fedemin, llevó a cabo la denuncia penal contra los que resulten responsables: miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que forman parte de la “Operación Mercurio”, por la comisión de los delitos de coacción, daños y abuso de autoridad, siendo estos ilícitos previstos y penados por los artículos 151, 205 y 376 del Código Penal.
Finalmente y para no dejar escapar detalles de otro acontecimiento similar, Luis Celadita, minero formalizado, relató lo tuvo que vivir el último fin de semana.
