En el marco de la presentación del documental ‘Se necesitan víctimas tras la ruta del oro y la explotación de Cusco a Madre de Dios’, el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, se pronunció para dar a conocer las medidas políticas que se deben implementar en el gobierno entrante para erradicar la trata de personas en el país y proteger a las víctimas de este delito.
“La principal política integral que hay que implementar en este corto plazo es la construcción del Plan de Acción Contra la Trata de Personas 2017 – 2021. Este plan está terminando y se han producido una serie de errores en su puesta en marcha, pero tenemos que darle una oportunidad para remediar esos errores a través de la demanda y presupuesto correspondiente al plan nacional que haya que construir para el periodo 2017 -2021”, señaló.
Por otro lado, indicó que hasta el momento se han logrado notorios avances en el plano de la persecución de tráfico de personas, pues se han creado una serie de recursos públicos que contribuyen con la lucha contra este delito. Además, señaló que se han ejecutado algunas medidas destinadas a proteger a las víctimas de la trata de personas para darles la asistencia y seguridad que necesitan.
“Se han obtenido logros prioritariamente en el tema de persecución del delito en tanto que se han producido fiscalías especializadas que antes no existían. Además, ahora tenemos una Dirección de Lucha Contra la Trata de Personas en la Policía. Por otra parte, se ha ampliado la capacidad de la cobertura de los abogados de defensa pública para defender a las víctimas de trata y en los últimos años se han construido dos albergues especializados en la lucha contra el tráfico de personas”, afirmó.
Señaló que aún existen algunos desafíos en los que se debe poner mayor atención como en los mecanismos necesarios para propiciar la rehabilitación de las víctimas del tráfico de personas.
Además, destacó la importancia del rol que cumplirá el gobierno entrante en la lucha contra el tráfico de personas y señaló que es necesario unificar los esfuerzos de la policía, la Fiscalía y el poder judicial a través de un trabajo articulado destinado a combatir este delito.
