La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó a la comunidad nativa de Tres Islas y a sus representantes legales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) el otorgamiento de la medida cautelar por riesgo grave y urgente de vida e integridad; en la medida que la comunidad viene sufriendo los impactos de la contaminación por mercurio debido a la minería.
Es así que mediante este mecanismo se le indica al Estado Peruano que tome medidas concertadas con la misma comunidad nativa, ya que la Comisión ha comprado que se está afectando la salud de la población de Tres Islas.
Tres Islas tomo la decisión en el 2010 de impedir el ingreso de terceros a su territorio porque se había comprobado que los mineros, que alegaban que el gobierno regional les había otorgado una concesión, construían prostibares, talaban árboles, entre otras cosas. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Tres Islas, pero las autoridades locales no han hecho nada al respecto. Es por esto que recurrieron a una instancia internacional.
Por otra parte, Rocío Trujillo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que ve este caso, responsabilizó directamente al Gobierno Regional de Madre de Dios por otorgar concesiones mineras otorgadas de manera arbitraria y sin respetar los derechos que están reconocidos en el convenio 169 de la OIT.
Este tratado internacional firmado por el Estado Peruano señala que toda entidad estatal que vaya a tomar administrativa o legislativa tiene la obligación de consultar a las comunidades indígenas.
“El gobierno regional tiene una gran responsabilidad en la medida en que otorga las concesiones, los mineros sienten que tienen derecho de ingresar y todo termina en consecuencias irreparables, porque estamos hablando de la vida y la integridad de estos pueblos”, dijo la Doctora Rocío Trujillo.
Agregó que los funcionarios del gobierno regional fueron notificados del caso y aun así no hacen nada al respecto. Según dijo, existe un marco jurídico para que el Gobierno regional pueda anular las concesiones mineras porque han sido dadas vulnerando el derecho a la consulta de las comunidades, pero no hay voluntad política.
Informó también que, ante la inacción de las autoridades locales, la comunidad nativa de Tres Islas ha presentado un amparo al Poder Judicial para que se declare la nulidad de las concesiones mineras. “La comunidad está esperando que pueda admitir la demanda y se puedan analizar las consecuencias de haber otorgado estas concesiones mineras no se estaría este impacto negativo en la salud”.
Según mencionó la Trujillo son aproximadamente 100 las concesiones que están dentro de la comunidad nativa con lo que se afecta directamente al 60 por ciento de su territorio.
