Expertos alertan que de excluirse a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado se disminuiría el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria y otros ilícitos que están fuertemente vinculados a la explotación aurífera. Esto a raíz del proyecto ley N° 1095 propuesto por la congresista fujimorista Alejandra Aramayo.
En un informe publicado ayer en el diario La República, el experto en temas mineros Romulo Mucho señaló que la factibilidad de esa iniciativa legislativa “restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, refirió que en la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de la formalización minera, información que, para el especialista, es errónea.
Solano sostuvo que la vinculación de la minería ilegal con otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico son algunos de los atributos por los que se le considera como crimen organizado.
Finalmente, en el informe se recogen las declaraciones del exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave quien cuestionó que se intente confundir a la población sobre la diferencia entre las minería ilegal e informal, especificaciones que ya han sido definidas en el Decrecto Legislativo N° 1105.
“[…] cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista pretenden seguir confundiendo?”, dijo el economista.
