Los días 3 y 4 de noviembre de 2016, la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios visitó diversas instituciones del Estado en Lima junto con miembros del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, quienes le brindan asesoría legal.
El objetivo de estas reuniones era lograr el cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que tutela sus derechos a la propiedad territorial, autonomía y libre determinación. Pese a que dicha sentencia fue emitida en el 2012 por el más alto tribunal del país, a la fecha, 4 años más tarde, no se cumple en su integridad.
Ante el incumplimiento de la sentencia, la Comunidad Nativa “Tres Islas” tomó la decisión de retirar a todos los terceros no autorizados fuera de su territorio, entre ellos mineros y taladores ilegales. La Comunidad lleva más de 4 meses reiterando su solicitud de intervención coordinada con diversas entidades públicas de Madre de Dios para garantizar el respeto de la autonomía y soberanía de los pueblos indígenas.
Estas diligencias se han visto frustradas por la falta de disposición para actuar contra la minería ilegal en territorios indígenas por parte de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREHM). Cuando en única oportunidad se pudo llevar a cabo la diligencia, ésta se dio por terminada ante las amenazas a la vida e integridad que recibieron los miembros de la comunidad y la propia PNP.
En este contexto, la Junta Directiva de la Comunidad Nativa “Tres Islas” viajó a Lima para solicitar buena coordinación y respaldo de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, para seguir llevando a cabo las diligencias de expulsión de mineros y taladores que vienen contaminando y degradando su territorio ancestral.
En reunión con la Congresista Indira Huilca, las dirigentes de la Comunidad le solicitaron que en cumplimiento de su función de fiscalización exija al Gobierno Regional, al Poder Judicial y Ministerio Público rindan cuentas sobre las acciones desplegadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en setiembre del 2012.
En reunión con la asesora Paola Ticona, del despacho de la congresista Tania Pariona, la Comunidad le solicitó fiscalice las medidas que ha tomado el gobierno central, en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra el territorio de la comunidad por los altos niveles de mercurio y la devastadora contaminación que campea en el lugar.
La comunidad acudió también a la Defensoría del Pueblo y se reunió con representantes del Programa de Pueblos indígenas y de la Adjuntía de Medio Ambiente para solicitar que, en el ejercicio de su función, realicen acciones necesarias ante las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos, entidades y empresas prestadoras de servicios públicos para promover la ejecución de la sentencia e intercedan para que otorguen las garantías colectivas que ha solicitado la Comunidad en contra de los mineros ilegales que vienen amenazándolos.
La Comunidad también se reunió, también, con el Fiscal de la Nación, donde solicitaron que el Procurador del Ministerio Público deje de hacer maniobras dilatorias en vez facilitar la ejecución de la sentencia 1126-2011-HC/TC que la Comunidad ganó ante el Tribunal Constitucional.
Información: IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org , [email protected]
