sábado 26/9/20

Defensoría del Pueblo: «Urge priorizar y fortalecer protección de defensores ambientales»

"El presente caso evidencia la importancia de que el Congreso de la República ratifique, con el mayor debate posible, el Acuerdo de Escazú, el cual es un instrumento jurídico para proteger la integridad de personas como Demetrio Pacheco Estaca o la de su hijo, Roberto Carlos Pacheco Villanueva", señala el pronunciamiento.
La víctima, Roberto Carlos Pacheco, fue hallada sin vida en el territorio de la concesión familiar de su familia. Foto: Difusión
La víctima, Roberto Carlos Pacheco, fue hallada sin vida en el territorio de la concesión familiar de su familia. Foto: Difusión

14:45 | 14 de septiembre de 2020.- Dos días después de conocerse el terrible suceso acontecido en la región Madre de Dios, con el asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor y conservacionista reconocido en la región, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado exigiendo ante todo el incremento y mejora de las medidas de protección para quienes, en todo el país, defienden sus respectivos territorios. Además recuerda que, con Pacheco, ya son cuatro las personas asesinadas por defender el medio ambiente en lo que va de año. Un dato, sin duda, alarmante.

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A continuación el texto íntegro emitido desde la Defensoría del Pueblo.

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Desde Defensoría del Pueblo lamentamos la reciente muerte de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco Estaca, en Madre de Dios, quien previamente habría sido amenazado por la labor que venía desarrollando en defensa de nuestros bosques, en una de las zonas más peligrosas del país para los defensores ambientales, donde coexisten la tala ilegal, la minería informal e ilegal y el tráfico de tierras.

En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, cuatro personas defensoras de los pueblos indígenas y del medio ambiente perdieron la vida por ejercer su trabajo de protección de los recursos naturales. En abril, fueron ultimados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), en mayo Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas).  Esta lamentable realidad, que es dolorosa no solo para las familias enlutadas sino para todo el país, nos permite afirmar que la defensa de derechos humanos en el Perú supone graves riesgos que no están siendo debidamente atendidos.

Con base a la realidad descrita, exigimos al Estado en su conjunto brindar a los defensores ambientales efectivas medidas de protección contra las amenazas y actos de violencia que vienen padeciendo. Bajo ningún supuesto puede permitirse el sacrificio de más vidas. Consideramos indispensable que, los subprefectos distritales, quienes son los encargados del otorgamiento de las garantías personales, atiendan sus pedidos con carácter de urgencia y se les brinde una atención inmediata en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El efectivo cuidado de los defensores de derechos humanos solo será posible si las entidades públicas llamadas a intervenir articulan y participan decididamente en las acciones de protección. No son ajenos a este deber los gobiernos regionales y locales, los cuales además de colaborar con su seguridad deben evitar acciones que favorezcan el desarrollo de actividades criminales principal causa de los ataques reportados.

Frente a ello, solicitamos la adopción urgente de las siguientes medidas:

  1. Demandamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú garantizar una investigación célere, regida bajo el principio de debida diligencia. En la misma, no debe obviarse como móvil la represalia por las labores de defensa de derechos humanos que desempeñaba el señor Pacheco. Resulta imperativo evitar la impunidad de este grave hecho.
  2. Solicitamos al Ministerio del Interior y al Ministerio Público adoptar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. En esa medida, el procedimiento de otorgamiento de garantías personales además de ser oportuno debe garantizar de forma efectiva la vida e integridad del solicitante y su familia. En el mismo sentido, corresponde a las fiscalías activar los mecanismos de protección a su alcance, como la Unidad de Víctimas y Testigos.
  3. Pedimos al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar la continuidad del Plan Mercurio, extendiendo sus efectos a todas las zonas de la región de Madre de Dios que han sido ocupadas por la minería ilegal. Además, es necesario fortalecer esta labor en otras regiones del país que vienen siendo amenazadas por esta actividad ilícita; a fin de recuperar el principio de autoridad y la presencia del Estado en salvaguarda del ambiente y la vida de las personas y comunidades más vulnerables.
  4. Instamos al Sernanp, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Gobierno Regional de Madre de Dios a combatir, de manera articulada y en el marco de sus competencias y funciones, la tala ilegal, la minería ilegal y el cultivo de coca en las áreas naturales protegidas de dicha región y sus zonas de amortiguamiento, así como en otras regiones con los mismos problemas.
  5. Exhortamos al Gobierno Regional de Madre de Dios a que adopte las medidas necesarias para erradicar la agricultura ilegal y la ocupación ilegal de tierras, a fin de evitar que continúen afectando la vida de las personas; recordándole que está prohibida la entrega de constancias de posesión y títulos de propiedad en tierras forestales y de protección, así como en tierras de cultivo con bosques que no cuenten con autorización de cambio de uso.

Finalmente, el presente caso evidencia la importancia de que el Congreso de la República ratifique, con el mayor debate posible, el Acuerdo de Escazú, el cual es un instrumento jurídico para proteger la integridad de personas como Demetrio Pacheco Estaca o la de su hijo, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, quienes dedican sus vidas a defender nuestros recursos naturales, en un país que es considerado como uno los más peligrosos para los defensores ambientales.

Defensoría del Pueblo: «Urge priorizar y fortalecer protección de defensores ambientales»
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