La Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de control que determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por irregularidades durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizadas el 12 de abril. Estas irregularidades provocaron demoras y afectaron el derecho de sufragio de 55,261 electores en Lima Metropolitana.
Favorecimiento indebido y errores logísticos
El Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE detalló que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral favorecieron indebidamente a un proveedor del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material y equipos informáticos. Se aplicaron criterios no previstos en los términos de referencia, lo que permitió adjudicar la buena pro a un proveedor con una oferta superior en S/ 168,148.19 y con vehículos insuficientes para cubrir las necesidades del proceso electoral.
Otro hallazgo fue la distribución inoportuna de equipos informáticos, que afectó 3,605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación. Los funcionarios reprogramaron rutas y horarios sin asegurar la entrega adecuada, afectando el funcionamiento del Plan Operativo Electoral (POE) y comprometiendo la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y transporte de material electoral.
Además, se aprobaron prestaciones adicionales por S/ 650,205.94 sin sustento técnico ni legal, incluyendo incrementos de rutas, unidades vehiculares de contingencia y variaciones de precio unitario que aumentaron hasta un 900% respecto del contrato original.
La Contraloría recomendó al titular de la ONPE deslindar responsabilidades y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios iniciar acciones penales contra los involucrados. Asimismo, se recomendó informar los hallazgos al titular de la Junta Nacional de Justicia para que disponga las medidas correspondientes. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y la correcta administración de los procesos electorales futuros.
Fuente: Contraloría General de la República.
