El caso de Mayra Bastos García (30), fue conocido gracias a la investigación del periodista Gabriel Arriarán, quien visitó, en febrero del 2017, el penal San Francisco de Asis de Puerto Maldonado y fue reconocido por la protagonista de esta confusa historia.
Solo tres meses antes de este encuentro, ambos se conocieron en un estudio realizado por PROMSEX a decenas de mujeres que trabajaban en los centros nocturnos del sector minero ‘La Pampa’, en Madre de Dios, para conocer la situación en que se hallaba su salud.
Los indicadores del estudio para la ONG señalaban que la joven madre de tres hijos, entonces dama de compañía del prostibar “Casablanca”, era una víctima de explotación sexual y trabajo forzoso: la castigaban, trabajaba los siete días de la semana, tomaba en promedio una caja de cerveza al día y presentaba un cuadro depresivo severo.
Sin embargo, solo once días después del primer encuentro, la Policía Nacional del Perú montó un operativo en “Casablanca”. Bastos García terminó siendo detenida, ese día fue designada a trabajar en caja.
Arriarán, director del portal de investigación FronteraPirata.com, quien –además- se desempaña como antropólogo (fue contratado por PROMSEX, para un estudio relacionado a esta profesión), luego de ver a la hoy sentenciada a ocho años de prisión por el delito de trata de personas buscó la base de datos de la encuesta realizada en aquella oportunidad en ‘La Pampa’ y confirmó que Mayra había quedado registrada como “Víctima de trabajo forzoso”.
En un primer momento, y tras varios meses de trabajo de investigación, el periodista publica la historia de Mayra (Leer aquí), en octubre del 2017, sin mencionar a PROMSEX, pues fue un pedido de su directora, Susana Chávez. El hombre de prensa accedió, ya que este dato no agregaba relevancia al reportaje.
No obstante, en julio de este año, tras una conversación con la abogada de Mayra, Elizabeth Fernández, se abre la posibilidad de presentar nuevas evidencias en el proceso judicial. Para ello era necesario que PROMSEX facilite la encuesta realizada a las más de doscientas mujeres en ‘La Pampa’. Según relata Arriarán a Radio Madre de Dios, la ONG se negó en todo momento.
La abogada Elizabeth Fernández asumió el caso de Mayra en la etapa de juicio oral. No tuvo posibilidades de evitar la sentencia a ocho años de prisión efectiva. Sin embargo, denuncia que existieron varias irregularidades en el proceso previo a la sentencia.
La primera corresponde a la manifestación policial de dos jóvenes que denunciaron ser víctimas de trata de personas en “Casablanca”. De acuerdo a la doctora, las jóvenes, luego de huir del local, denunciaron ante la PNP haber sido victimas del delito de trata de personas y sindicaron a una mujer de nombre Sandra como la responsable. Los policías montaron un operativo en el prostibar. Mayra se identificó como la encargada de caja. Pese a no ser sindicada como la tratante, fue detenida.
No es la única irregularidad. Durante el proceso, las denunciantes no fueron a declarar, no se dio lectura de las declaraciones de la manifestación policial. Mayra no tuvo un abogado presente. Tampoco se consideró "relevante" procesar a los supuestos dueños del “Casablanca”: Ricardo Huaman Herrera, Gladys Huamán Herrera, y una tercera persona identificada como Mary.
Incluso, la carpeta fiscal Nº130-2016, donde aparecen los tres sujetos mencionados, fue iniciada antes del proceso de Bastos García. No obstante, hasta el momento no existe un pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Con la información recaba, la defensa de Mayra Bastos se prepara para el próximo 25 de setiembre, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de apelación de sentencia.
Sí bien el estudio de PROMSEX y el testimonio de Gabriel Arriarán no podrán ser incluidos en la apelación, la abogada mencionará en sus alegatos esta importante información.
[playlist ids="9400"]
