La Defensoría del Pueblo reunió a las autoridades del INPE, la Dirección regional de Educación, la Prefectura de Madre de Dios y pobladores que viven cerca del penal de San Francisco de Asís con el fin de tratar el problema de comunicación que tienen por el sistema de bloqueo de llamadas que, desde la semana pasada, ha afectado a cerca de 200 familias de la zona.
Las cuatro UPIS que colindan con el INPE presentaron una queja sobre el sistema de seguridad, pues su tranquilidad y trabajo se ha visto afectado por el penal, al no tener acceso al servicio de telecomunicaciones.
En respuesta, representantes de la INPE indicaron que faltan 15 días para terminar de probar el sistema y que los indicados para solucionar la situación son la empresa encargada del proyecto y los operadores móviles.
Por su parte, el representante de la UPIS Américas, Guillermo Cruz, señaló que los pobladores no deben ser los que padezcan las consecuencias de que el INPE no ponga limitaciones suficientemente estrictas para el manejo de celulares dentro del penal.
Asimismo, otro ente afectado también es la UNAMAD, que por medio de su dirección, manifestó que el sistema bloqueador interrumpe constantemente su señal y el desempeño de la población estudiantil que acude hasta sus laboratorios para utilizar el servicio de internet.
En otro momento, y como parte de las alternativas, la empresa encargada del proyecto se comprometió a recibir las quejas de la ciudadanía, y atender a las principales zonas afectadas.
Otro tema relevante, según declaraciones del prefecto de Madre de Dios, Herbert Stremadoyro, fue el compromiso de la Defensoría del Pueblo para contactar con las autoridades regionales y solicitar al gobernador que se reconsidere la reubicación del penal, tal como lo indica la ley en protección de la ciudadanía.
