viernes. 22.11.2024
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Siete organizaciones miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentaron ayer una denuncia penal por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de la autoridad contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodriguez, Jorge Luis Cayas (Jefe de Región Policial Lima), Orlando Velasco Mujica (Director General de la Policía Nacional del Perú) y todo aquel que resulte responsable de los agravios cometidos contra los ciudadanos peruanos en las manifestaciones del sábado 14 de noviembre.

Gery Vásquez, abogada de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), explicó que esta denuncia se da a raíz del fallecimiento de los jóvenes, Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.
 
 
Mencionó que se tiene registro de que se intentó reprimir las manifestaciones usando bombas lacrimógenas, gas pimienta, balas de goma y canicas, con las que se logró vulnerar la vida e integridad de muchos jóvenes perperuanos.
 
Asimismo, afirmó que todavía hay personas en los hospitales con pronóstico reservado, personas desaparecidas y hasta una denuncia por violencia sexual en agravio de una ciudadana; lo que los lleva a exigir una investigación profunda de cada uno de los hechos.
 
A su denuncia, la representante de la CEAS le suma el uso de policías encubiertos pertenecientes al grupo terna para detener manifestantes. Afirmó que existen fotos y videos que comprueban este hecho, pese a que representa una violación a los derechos fundamentales.
 
 
Indicó también que el Ministerio Público y representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura recorrieron ayer todas las comisarías de Lima y no encontraron detenidos, lo que lleva a las autoridades a cuestionarse dónde están las personas reportadas aún como desaparecidas.
 
 
Gery Vasquez reclamó también, que miembros del cuerpo policial se habrían acercado a los manifestantes hospitalizados con el propósito de cambiar los diagnósticos para que no existan contradicciones entre la historia clínica y el acta policial.
 

Organizaciones de Derechos Humanos denuncian penalmente a Manuel Merino