martes 19/1/21

Madre de Dios: Mujer es sentenciada a 12 años de prisión por el delito de trata de personas

Dos menores fueron captadas desde la ciudad de Cusco con fines de explotación laboral en concesiones mineras de Huepetuhe
Foto: Ministerio Público.
Foto: Ministerio Público.

En medio de una audiencia virtual de lectura de sentencia, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supra – provincial de Tambopata, condenaron a 12 años de cárcel a la acusada Juana Francisca Gómez Ticona, como autora del delito contra la libertad, en su forma de trata de personas, en agravio de dos menores de edad, de 16 y 17 años.

Los magistrados del mencionado tribunal sentenciaron a la mujer luego de haber revisado y analizado los alegatos de apertura de las partes. Se efectuaron las instrucciones del juzgado tanto a los testigos, peritos, así como a la acusada, que negó los hechos.

El representante de la fiscalía acreditó finalmente que Francisca Gomez promovió y financió la captación, traslado, acogida y retención de las menores con fines de explotación laboral. En la audiencia de lectura, el juez Especializado Jesús Esquivel Vega, en calidad de director de debates, dio lectura de la sentencia que le impone la pena que deberá ser cumplida desde el día de su aprehensión.

Según las investigaciones, ambos menores de edad habrían sido trasladados hasta la concesión minera denominada “Aparecida”, ubicado en el sector Tranquera del distrito de Huepetuhe, para trabajar como “huaychuleros”, con la promesa de recibir la suma de 1 mil 500 nuevos soles, monto que al final los captadores se negaron a entregarles. Asimismo, la mujer las trasladó hasta los campamentos mineros de alto riesgo y, sin los implementos de seguridad,  las puso a trabajar en horario diurno y nocturno.

Además de no cumplir con los pagos prometidos, les negaba alimentación y les gritaba, por lo que decidieron fugarse del lugar y dar aviso a la Oficina Zonal de Trabajo de Huepetuhe.

Los magistrados también fijaron el pago de la reparación civil y costas procesales, puesto que la procesada se habría resistido a reconocer las acusaciones y con ello generó gastos judiciales en la tramitación del proceso.

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