Tras el desborde del río Madre de Dios y la declaratoria del estado de emergencia en el departamento para la ejecución de medidas inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación, la Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno Regional de Madre de Dios, a los gobiernos locales y a entidades del Gobierno nacional competentes adoptar medidas urgentes para culminar la evaluación de daños y análisis de necesidades, así como brindar la asistencia humanitaria oportuna a la población damnificada.
Es preciso indicar que el desborde del río se produjo a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, inundando varios sectores de los distritos de Madre de Dios, Huepetuhe, Fitzcarrald, en la provincia de Manu; Tambopata, Laberinto, Inambari, Las Piedras, en la provincia de Tambopata; así como los distritos de Tahuamanu e Iberia en la provincia de Tahuamanu.
De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Madre de Dios y Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales, al 22 de febrero, se registraron 6661 personas damnificadas, 1743 viviendas inhabitables, 14 instituciones educativas inhabitables, 7 instituciones afectadas y 9 establecimientos de salud afectados.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo supervisó seis locales designados como refugios, advirtiendo que aproximadamente 400 familias fueron acogidas en dichas instituciones educativas, contando con el servicio de electricidad, agua y SS. HH.; además de recibir alimentos y asistencia médica. No obstante, 23 familias aún se encontraban en proceso de empadronamiento.
Asimismo, se tomó conocimiento de que 340 familias damnificadas del distrito de Laberinto que incluye a comunidades nativas fueron albergadas en la I. E. Javier Heraud y en el coliseo municipal. En tanto, 368 familias damnificadas de un total de 400 del distrito de Inambari, no habían recibido alimentos y otros bienes de ayuda humanitaria. Igualmente, se verifico que 266 familias empadronadas del distrito de Madre de Dios no habían recibido ayuda humanitaria a la fecha de la supervisión.
Por otro lado, se instó a las entidades sanitarias a garantizar la atención de las personas damnificadas, disponer la toma de prueba de detección del COVID-19, así como brindar asistencia técnica para la adopción de medidas de bioseguridad en los locales destinados para albergue. Además, se les solicitó disponer las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de salud en todos los distritos afectados.
La institución también exhortó a la población damnificada a guardar calma y cumplir con las normas de convivencia y las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 como el uso obligatorio y correcto de la mascarilla, el lavado de manos constante y el distanciamiento físico.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, continuará supervisando la atención de las personas damnificadas y todas las acciones estatales relacionadas con la misma, en salvaguarda de la vida de la población y sus medios de subsistencia.
