Por: Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República
La violencia de la COVID-19 golpea al país y enluta a miles de familias. Enfrentarla representa el reto más grande en lo que va de este siglo y ha obligado a la adopción de medidas extraordinarias para tratar de contener el avance de los contagios, proteger la salud de las personas, y al mismo tiempo, salvaguardar la estabilidad financiera y laboral, en un contexto de desaceleración global. Frente a esta situación y por mandato de la Ley N° 31016, la Contraloría diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19 para supervisar a las entidades receptoras de recursos públicos durante la emergencia, y prevenir posibles riesgos de corrupción en la ejecución de los mismos.
Así, la Contraloría General activó a nivel nacional equipos de auditoría para supervisar a las entidades públicas y concretar los servicios de control en las modalidades de previo, simultáneo y posterior. A los cien días del acompañamiento del control a la emergencia sanitaria, se ha superado la meta establecida inicialmente con la emisión de 7482 informes de control. En esa etapa se ha comprobado, por mencionar solo algunos hechos, la compra de implementos de protección que no cumplen con las especificaciones técnicas o que fueron adquiridos a proveedores no idóneos y a precios injustificados. Además, se alertó sobre un alto porcentaje de municipios que no rendía cuenta de la entrega de canastas familiares o no publican las listas de sus beneficiarios; pero más grave aún es que tras el análisis sistematizado de información de distintas bases de datos, por medio de la analítica e interoperabilidad se detectó como beneficiarios de esta ayuda social a funcionarios y servidores públicos no pertenecientes a sectores vulnerables.
El control simultáneo aplicado a la emergencia en sus diversas modalidades (control concurrente, visitas de control y orientaciones de oficio) se ha caracterizado por prevenir un perjuicio irremediable al Estado. En este segundo semestre del año, iniciamos el control posterior para identificar responsabilidades de funcionarios o servidores públicos en actos irregulares. La corrupción y la inconducta funcional deben ser sancionados ejemplarmente; con mayor razón en una situación en la que una compra tardía o mal hecha podría inclinar la balanza hacia la vida o la muerte.
El control efectuado durante la emergencia nos ha enseñado significativas conclusiones para reforzar en lo inmediato el control gubernamental en tiempos de “normalidad”. Un ejemplo de ello, es el uso intensivo de las tecnologías de la información (analítica descriptiva y predictiva) para hacer frente a la infiltración sistemática de la corrupción. Asimismo, el diseño de herramientas de transparencia del gasto público para promover el control social y la rendición de cuentas como se puede constatar en el Monitor de control y transparencia.
Si algo nos ha enseñado la naturaleza con un nuevo y mortal coronavirus, es que debemos aprender a actuar de manera preventiva. Proponemos, en ese sentido, promover una educación, desde las escuelas, a nuestros niños y niñas sobre ciudadanía, igualdad y derechos humanos, y se discuta sin temor sobre corrupción, comprometiendo a nuestros escolares a formar país, y por supuesto, desde los hogares, donde se involucren a los padres de familia, y como no, fortalecer la participación ciudadana en particular de nuestros jóvenes.
En la Contraloría General de la República, estamos comprometidos en reducir los índices de corrupción, antes, durante y después de la emergencia sanitaria, en cada región del país. Hacemos un llamado a las demás instituciones que conforman el gran ecosistema del control gubernamental, a cumplir la misión encomendada por las leyes y normas del Estado, y que tienen como único fin el bienestar y desarrollo de nuestro pueblo.
