Pese a un generalizado desinterés en el Perú, desde países europeos permanece latente la preocupación por la falta de adhesión del Estado latinoamericano al Acuerdo de Escazú. César Gamboa, abogado especialista en recursos naturales y exdirector ejecutivo de la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recordó bajo qué argumentos el sector privado y político despotricó en el 2020 contra el tratado internacional, pese a que no representaba ninguna amenaza para la soberanía del país.
“Hubo una campaña mediática del sector privado, con el Colegio de Ingenieros y el Gobierno Regional de Loreto, que malinterpretaron de manera antojadiza el Acuerdo de Escazú. He comparado el acuerdo con la legislación y el 80 % es similar, no hay ningún punto disruptivo. Perú ha sido pionero en recoger la participación ciudadana del ciclo del proyecto, etc. No hay ningún secreto o ninguna trampa, pero la campaña que hicieron fue muy efectiva. Y decidieron no aprobar el dictamen para ratificar el acuerdo”, explicó Gamboa.
La desinformación mediática, según el abogado, se logró apuntalar con el principal argumento de perder el control o la soberanía de los recursos naturales. “Y cuando dos países no se ponen de acuerdo en la interpretación, como Chile y Perú, sobre acceso a la información, por ejemplo, tendrán que recurrir a una tercera instancia que sería la Corte de Justicia de La Haya. Eso no existe, sin embargo, la gente se asustó”, lamentó Gamboa.
“Lo que pasa es que estos derechos ambientales, como la defensa de defensores ambientales, son diseñados a nivel administrativo en sectores hidrocarburos, minería, y son diseñados por reglamento de esos sectores, donde hay capacidad de influencia del sector empresarial. El Acuerdo sustrae de ese control de la burocracia y empresarial y pasa a tener un manto de protección del convenio, donde no se va a poder desnaturalizar”, explicó el especialista.
Gamboa detalló que dicho acuerdo internacional tuvo origen en Costa Rica, en la ciudad del mismo nombre. “Los países que se reunieron en esta ciudad adoptaron un texto para que entrara en vigencia el tratado internacional de derechos humanos. Negociaron un texto desde el 2012 hasta el 2018”, recordó.
En cambio, los principales argumentos para desmoronar cualquier proyecto que proteja la naturaleza han sido “el supuesto atentado contra la soberanía de recursos naturales, cuando es al revés; que el acuerdo pone en inseguridad jurídica las inversiones”, según Gamboa.
