23 de abril de 2021, 13:42
Este jueves 22 de abril se publicó el Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, una herramienta legal que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, indicó que si bien este es un avance importante, debe reflejarse en acciones concretas. “Con su aprobación no pararán las amenazas y asesinatos, por eso seguiremos vigilantes”; añadió
Según detalló el viceministro de Derechos humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, el decreto supremo aborda el problema desde tres dimensiones. En primer lugar, el preventivo, para que las autoridades entiendan el rol activo y el rol de riesgo que tienen. En segundo lugar, la protección rápida. Es decir, apenas las autoridades sean informadas de un riesgo hacia una defensora o defensor, el Estado tiene que responder de inmediato.
Antes de la aprobación de este mecanismo estas acciones recaían solo en el Ministerio de Justicia, sin embargo, desde la aprobación del decreto supremo existe una función específica que obliga a la policía a intervenir cuando hay una situación de riesgo real de una persona defensora de derechos humanos. Y finalmente, una tercera dimensión, que es el acceso a la justicia y con esto ponerle fin a la impunidad.
Con la reciente publicación del decreto supremo, el Estado busca fortalecer las medidas anteriores incorporando a los demás actores del ejecutivo en su implementación. Las acciones descritas son ahora asumidas por ocho sectores: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
De acuerdo, a Front Line Defenders, organización de defensa de los derechos humanos, en el 2020 se registraron 331 asesinatos, de los cuales 86 fueron reportados indígenas de la Amazonía. En comparación al 2019, cuando hubo 122 muertes.
En lo que va del año, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la cuenca Amazónica (Coica) reportó 19 indígenas asesinados, de los cuales tres ocurrieron en nuestro país. Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, ambos en Ucayali, y Estela Casanto Mauricio, de Junín, cuyos casos se encuentran en investigación preparatoria.
