El informe, elaborado por organizaciones de seis países amazónicos, analiza el impacto de la minería ilegal de oro en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, abordando las consecuencias de esta actividad para los pueblos indígenas y el medio ambiente, pero también con propuestas para enfrentar este delito en conjunto.
Durante el evento, Almagro enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada para mitigar los efectos de esta actividad, especialmente en el uso de mercurio. “Es algo que en Latinoamérica no debería existir. Desde la Convención de Minamata hasta ahora deberíamos haber sido muchos más consecuentes y fuertes institucionalmente para prohibir todo uso de mercurio en nuestras sociedades”, explicó.
El principal representante de la OEA saludó el trabajo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación Pachamama (Ecuador), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Gaia Amazonas (Colombia), Hutukara Associação Yanomami (Brasil), Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), People in Need (República Checa), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y SOSOrinoco (Venezuela).
“Este informe definitivamente tiene muchas fortalezas, no solo la reflexión que ustedes hacen en el informe, sobre el espacio geográfico, sino como esos espacios son trabajados por ustedes en el terreno, con impacto fuerte y con capacidad de denuncia inmediata. He seguido cada uno de los temas planteados, cada una de las denuncias, cada uno de los informes que destacan aspectos que es necesario trabajar y revertir en las américas”, agregó.
Tras la participación de Almagro, Silvana Baldovino, directora del programa de Pueblos Indígenas y Biodiversidad de la SPDA, explicó la situación del crimen organizado y la cooptación del estado. Al respecto, Baldovino destacó el contexto peruano, donde el crecimiento de la minería ilegal está vinculado a la corrupción y el crimen organizado.
“La realidad que vive el Perú en estos momentos, es que la minería ha ido avanzando en los últimos años de una forma bastante rápida. Esto es porque se avala en sistemas de corrupción y crimen organizado, que se ha venido colando por zonas transfronterizas”, apuntó.
Baldovino aseguró que esta situación es aún más grave debido a que el sistema de justicia tiende a procesar solo a pequeños mineros, mientras las estructuras del crimen organizado y los grandes responsables de la actividad ilegal permanecen fuera del alcance de la ley. «No hay un verdadero impacto en estos casos porque no se da golpes fuertes a quienes realmente realizan la actividad», añadió.
La representante de la SPDA explicó cómo el “copamiento de instituciones” se ha convertido en un mecanismo que favorece el avance de la minería ilegal y otros delitos, desde el nivel local hasta el nacional. Según detalló, en Perú se ha visto a personas y grupos con intereses específicos que se infiltran en partidos políticos para acceder a cargos de poder, debilitando aún más el sistema electoral.
“Para las próximas elecciones, Perú tendrá 35 candidatos a la presidencia. El congreso no responde a intereses colectivos, sino individuales. Tenemos alcaldes y gobernadores que responden a intereses particulares”, sostuvo,
Finalmente, Baldovino indicó que la única forma de enfrentar estos desafíos es a través de un esfuerzo regional coordinado y una estructura institucional sólida que permita controlar y sancionar eficazmente la minería ilegal.
“Nos están matando”
Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), señaló los altos riesgos que enfrentan los defensores ambientales. “Ser defensor del territorio es de alto riesgo. Nos están matando. En 2024, asesinaron a mi tío que era un guardaparque, y a otro indígena matsigenka en Madre de Dios. Defender nuestros bosques es defender la vida,” manifestó. Añadió que la minería ilegal, junto a la tala y la construcción de carreteras no planificadas, están afectando los territorios indígenas y alterando las estructuras sociales de las comunidades amazónicas.
El líder indígena, además, denunció que “no hay seguridad para los pueblos indígenas”. “Yo creo que nuestro país debe garantizar el territorio, el derecho a la vida, para los pueblos indígenas, para todos los que estamos protegiendo y defendiendo nuestros bosques”, afirmó.
Países amazónicos afectados por la minería
La presentación del informe de minería ilegal también contó con la participación de Juan Sebastian Anaya, asesor de la Fundación Gaia Amazonas de Colombia; Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB); Olnar Ortiz, líder del pueblo indígena del Bare de la Amazonia Venezolana; Katya Salazar, directora ejecutiva de la Due Process Foundation (DPLF), quienes dieron a conocer las afectaciones causadas por la minería ilegal dentro de sus territorios.
