De acuerdo al Decreto Supremo N.° 3-2022, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el titular de esta cartera, Óscar Zea, y el presidente de la República consideraron que la pandemia de la COVID-19, la caída de la siembra en la producción agrícola y el alza de precios, tanto de los fertilizantes químicos como del costo de importación de algunos insumos -llámense maíz amarillo duro o torta de soya-, son motivos para declarar legalmente en emergencia por 120 días a todo el sector agrícola del Perú.
Por todo ello, la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios manifestó, a través de sus redes sociales, que “ya trabaja propuestas importantes para el sector agropecuario, de acuerdo a las necesidades de los lineamientos de las políticas agrarias” y de la mano de varias organizaciones.
Estos lineamientos, según el decreto, pasan por garantizar la seguridad alimentaria, combatir la desnutrición e impulsar la llamada “Segunda Reforma Agraria”, que consiste en incrementar los ingresos económicos de los productores, permitiéndoles acceso a más de dos millones de ellos a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito.
“Hemos declarado en emergencia el sector agrario para que, a través del MIDAGRI, impulsemos diversas acciones que fortalezcan la segunda reforma agraria; nuestras tierras nos dan todos los alimentos y los hermanos agricultores merecen ser apoyados de manera integral y rápida. Seguiremos firmes en la implementación de la segunda reforma agraria, cueste lo que cueste”, enfatizó el presidente Pedro Castillo.
Por otro lado, Castillo, el premier, Aníbal Torres, y los ministros del Interior, Justicia y Defensa firmaron otro decreto supremo que aplaza el estado de emergencia en los once distritos de la región Madre de Dios por 60 días, con el propósito de “realizar operaciones policiales tendentes a combatir, neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos que perturban el orden interno”.
La iniciativa provino de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que presentó un informe reservado al Ejecutivo sobre la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios, la cual ha desencadenado en las últimas semanas varios operativos, como las interdicciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que terminaron con la destrucción o la incautación de maquinaria de más de 2 millones de soles, sumándose a ello el problema del traslado de esa maquinaria o la fuga de algunos implicados en estos actos ilícitos.
