sábado. 25.06.2022
Foto: Difusión
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La licitación pública de una obra millonaria para el puesto de salud “Iñapari”, en Tahuamanu, fue objeto de indagación por el Ministerio Público de Madre de Dios. El fiscal de Prevención del Delito David Paye Apaza así lo confirmó, en exclusiva, a Radio Madre de Dios ayer por la mañana. 

El fiscal Paye refirió que su despacho, basándose en una denuncia por colusión y abuso de autoridad de parte de uno de los participantes de la licitación de 13 millones 997 mil 394 soles del Gobierno Regional de Madre de Dios, procedió a "indagar, como corresponde, para ver en qué situación se encontraba ese proceso”, el cual tiene como fin “dotar de adecuadas condiciones de funcionalidad de los servicios de salud pública” en aquel puesto de salud, refiriéndose a consultorios médicos, laboratorios y hasta servicios higiénicos. 

Según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce), Consorcio Iñapari, conformado por las empresas ANKA E.I.R.L., VMT Ingenieros, Consultores y Constructores E.I.R.L. y Castro, Construcción y Logística E.I.R.L., postuló para ejecutar la obra llamada “Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva del puesto de salud Iñapari”, pero quedó descartado por el comité evaluador del Gobierno Regional, dándole la buena pro a Consorcio Madre de Dios, integrado por las empresas Horus Contratistas Generales S.A.C. y Constructora FJMABEC S.A.C. 

“Hay una comisión de licitación con tres miembros que han calificado a los postores para el otorgamiento de la buena pro, en donde ha sido ganador el consorcio Madre de Dios. Entonces ellos están en una etapa de consentimiento. Lo que debió hacer el consorcio que presentó la denuncia es apelar todo ello al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce). Nosotros, vía Prevención del Delito, solo estamos recabando toda la información necesaria: la documentación idónea de los participantes, quiénes conforman la comisión, el monto de la licitación”, comentó la autoridad. 

Sin brindar más detalles de lo sucedido, el fiscal Paye confirmó que “por colusión y abuso de autoridad el consorcio Iñapari presentó su denuncia”. Y acotó: “Tenemos que cotejar toda la documentación. Si hay algún ilícito penal, de hecho, nosotros vamos a derivarlo a la fiscalía especializada correspondiente". 

Y puntualizó: “Nosotros actuamos conforme a la denuncia que presente cualquier persona, natural o jurídica. Y, ante cualquier ilícito, exhortamos a la autoridad correspondiente que intervenga en cualquier etapa del proceso. Recomendamos que actúen en ese momento, dentro de la transparencia, con imparcialidad y celeridad, dentro del marco de la legalidad”. 

De acuerdo a la base de datos del Osce, las empresas que conforman el consorcio ganador tienen como accionistas a Moisés Tangoa Chanchari y Ronaldo Torrejón Pinedo, de parte de Horus Contratistas Generales S.A.C.; y a Erick Paredes Román y Fany Bardales Abad de parte de Constructora FJMABEC S.A.C. 

Por otro lado, el fiscal Paye aseguró que el proceso de ejecución de la obra, cuya acta de otorgamiento de buena pro fecha el 18 de mayo y tiene 270 días de plazo, no podrá ser paralizado, “salvo que haya alguna medida cautelar planteada por parte de alguno de los consorcios”. 

Uno de los que deberá aclarar el caso es el actual gerente regional de Infraestructura, Cilver Bermúdez Zamalloa, quien presidió el comité de selección de la licitación pública. 

El funcionario, con quien no pudimos comunicarnos telefónicamente, está también registrado como un proveedor más del Estado. En el 2021, obtuvo una orden de compra de 35 mil soles de parte de la Municipalidad Provincial La Convención-Santa Ana, en Cusco; mientras que en el 2020 generó una orden de compra de 4 mil 567 soles en la Municipalidad Provincial Tahuamanu-Iñapari. 

Bermúdez también carga con un mal precedente en la Contraloría General de la República. Según un informe de auditoría, mientras era subgerente de Obras en el Gobierno Regional del 2017, incumplió sus funciones y “no observó los requerimientos para la contratación del servicio de alquiler de maquinarias, efectuadas de manera continua y que dieron lugar a varias contrataciones, afectando la transparencia, la legalidad y el normal desarrollo que deben regir en las contrataciones del Estado”. 

A pocas horas de cerrar la edición de esta nota, el Gobierno Regional de Madre de Dios, se pronunció oficialmente a través de sus redes sociales. Enfatizó que el proceso de selección fue favorable a los intereses del Estado, rechazando versiones que, según la institución, son irresponsables o malintencionadas de parte de cierto sector de la opinión pública. 

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