A través de un pronunciamiento escrito y verbal, el titular de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, Guimo Loaiza Muñoz, se mostró en contra de una ordenanza aprobada hace siete meses por la Municipalidad Provincial de Tambopata, referida al reglamento del servicio especial de transporte público de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados y no motorizados.
En la décima disposición de esta ordenanza municipal, del 13 de octubre del 2021, se lee: “Por la coyuntura social que se vive tanto en el ámbito local y nacional, referente a que la población en general viene siendo víctima de delitos centra el patrimonio, la vida el cuerpo y la salud, realizados en su gran mayoría en vehículos menores por parte de personas de nacionalidad extranjera, se recoge el clamor popular, quedando los ciudadanos extranjeros restringidos de prestar el servicio de transporte público”.
Inclusive, de acuerdo a esta normativa, aprobada con el voto unánime del Concejo Provincial, “las personas extranjeras inscritas en las diferentes asociaciones antes de la dación de la presente ordenanza automáticamente quedarán desafiliadas”.
Para el representante de esta institución, Guimo Loaiza Muñoz, “esta disposición de restricción por razón de origen constituye un acto discriminatorio. Esa disposición va contra Constitución”.
Asimismo, el funcionario comentó que el último viernes tuvo una reunión con el alcalde provincial, Keler Rengifo, el área de asesoría legal, dirigentes transportistas y algunos regidores para abordar este tema, expresándoles su postura en contra y exigiendo “corregir esa parte (de la ordenanza) que incurre en discriminación contra los extranjeros”.
Loaiza, en ese sentido, reveló para Radio Madre de Dios que el despacho de asesoría legal admitió que se debe corregir este punto de la ordenanza, pese a que los dirigentes de transportes mostraron cierta decepción, ya que, desde su punto de vista “se ponía en riesgo la seguridad de las personas”.
El titular de la Defensoría del Pueblo reclamó, por el contrario, mayor fiscalización de parte de las autoridades municipales para que, en lugar de prohibir el acceso al trabajo, supervisen si los conductores tienen sus documentos en regla.
Tras ello, Loaiza manifestó que la municipalidad solo tiene ese camino legal: la corrección de la norma a través del Concejo Provincial. De lo contrario, advirtió el funcionario, pueden ser objeto de una sanción, ya que va en contra de la propia Constitución Política y del Código Penal.
“De persistir estarían manteniendo un hecho irregular y el Ministerio Público debería tomar acciones”, acotó.
