Tras el reciente asesinato de Juan Julio Fernández Hanco, defensor ambiental y hermano de Germán Fernández, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, este viernes 25 de marzo representantes del Gobierno Regional de Madre de Dios, sociedad civil, la Prefectura Regional de Madre de Dios y Defensoría del Pueblo se reunieron para llegar a acuerdos sobre cómo ofrecer una mayor protección a los defensores y, además, lograr disminuir la violencia en la región.
Respecto a la investigación del asesinato de Juan Fernández, el representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, Guimo Loaiza Muñoz, indicó que se ha identificado al autor del crimen, pero que todavía no se ha logrado su detención. “Con el avance de las investigaciones se puede lograr su detención preventiva. Además, se nos informó que en estos días se ha logrado la detención de tres personas en La Pampa durante un operativo, pero esto es muy aparte al caso del señor Fernández”, precisó.
Asimismo, aseguró que tanto Germán Fernández como su familia tienen actualmente garantías otorgadas, aunque refirió también que es necesario realizar patrullajes constantes por la zona donde viven, por lo que se lo solicitaron a la Policía durante la reunión con las autoridades.
Loaiza detalló que la minería ilegal se encuentra desde el 2012 en esa zona y que, pese que con el Plan Mercurio los mineros ilegales se retiraron del lugar, luego volvieron.
“Se ha hecho más incidencia en el componente de este plan referido al orden de seguridad interna”, insistió Loaiza, quien también exigió la presencia de los funcionarios del Ministerio del Ambiente, cartera que forma parte de este operativo contra la minería ilegal.
Por su parte, el defensor ambiental Demetrio Pacheco, cuyo hijo fue asesinado en el 2020 en su concesión forestal, también estuvo presente en la reunión con las autoridades y opinó que existieron solo algunos aciertos.
Asimismo, criticó duramente al congresista Eduardo Salhuana, pues, según él, se mostró muy flexible frente a la minería ilegal, considerándola un problema social que no requiere acciones inmediatas de las autoridades. “Pareciera que para él el bosque no tiene mucho significado”, comentó.
