Tras su llegada a Puerto Maldonado, la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la Dra. Janeyri Boyer Carrera, declaró en exclusiva para Radio Madre de Dios.
Lo primero que resaltó es que en Servir buscan la obligatoriedad en la reforma del sistema de contratación de funcionarios. “Con la reforma, una de las etapas que se tiene que quemar para que los servidores pasen es la de la dotación: que las entidades definan cuánto personal necesitan, y luego qué requisitos hay para cada uno. Es como cuando contratas a obreros para construir una casa y luego ves qué capacidades requieren”, comentó Boyer Carrera.
“Esta reforma queremos que sea obligatoria y que nosotros hagamos los concursos”, puntualizó, además, la presidente ejecutiva de Servir.
Por otro lado, subrayó que otro objetivo de Servir, hoy por hoy, es cerrar brechas en cuanto a la contratación de personal idóneo, adecuándose a las condiciones de cada municipalidad. “A una municipalidad chica como la del Manu no puedes exigirle igual que a una provincial, por ejemplo. Para directivos y servidores en general también hay diferencias en cuanto a requisitos”, mencionó la autoridad.
De acuerdo con Boyer, desde enero del año pasado, Servir, en la misma línea de prestar asistencia técnica y de ser la entidad rectora de políticas en materia de recursos humanos, busca, además, desconcentrarse administrativamente en todo el país, con la idea de estar cerca de todos los municipios a nivel distrital y provincial, resolviendo los problemas relacionados a la contratación de funcionarios que cumplan con los requisitos de su perfil o sean idóneos para el cargo.
“Hemos estado un poco lejos de los municipios, cuando lo ideal es estar cerca de ellos y resolver sus problemas, sobre todo ahora que ya se reglamentó la ley n.° 31419, relacionada a los requisitos y condiciones mínimas para los funcionarios o directivos de las instituciones del Estado”, comentó Boyer.
“Hace 20 años cada entidad mejoraba sus recursos humanos como podía. Ahora Servir es la entidad rectora en política de recursos humanos. La idea es ayudar a gestionar de la mejor manera a su personal y así se pueda prestar los mejores servicios a las personas en salud, educación, construcción de carreteras, etc.”, acotó la especialista.
Pero, pese a que la desconcentración de esta institución es una prioridad en su agenda, la Dra. Boyer subrayó que no se tratará de “colocar oficinas y ya”. “Hay que tener claridad en cómo desconcentrar, responsablemente, para no incrementar la burocracia por nada; tiene que ser algo que sirva”, aseveró.
Entretanto, como parte de esa distribución del trabajo, la presidente ejecutiva de Servir sustentó también el acompañamiento que realizan el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Presidencia del Consejo de ministros en su visita a las regiones como Madre de Dios.
Sin embargo, la representante de Servir recordó que esto se trata de impulsar una reforma compleja, incidiendo en que, actualmente, los problemas en cuanto al nuevo modelo de contratación de personal idóneo -impulsado desde el 2013- están en su propia práctica desde las municipalidades y los gobiernos regionales.
Por ello, mencionó Boyer, “hemos hecho una propuesta para mejorar esa operatividad, para que la implementación sea más agresiva en los tres niveles de gobierno”.
Por tales razones, la Dra. Boyer Carrera planteó que la reforma tenga que ser transversal. “Por ejemplo, que todas las personas que hacen compras públicas puedan entrar. Y así hacemos una economía a escala, y así tenemos perfiles, condiciones transversales, pudiendo hacer concursos a escalas y a cargo de Servir”, opinó.
Por otro lado, la autoridad habló sobre el revuelo causado en torno a la permanencia de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, precisando que Servir, en este caso particular, no tendría por qué que evaluar la capacidad o idoneidad de Boluarte, pues el cuestionamiento en su contra gira en torno al incumplimiento de un artículo constitucional, siendo objeto de un análisis de la Contraloría y de una posible sanción por parte del Congreso.
