Desde la Oficina Defensorial de Madre de Dios, la abogada Rocío Sotomayor Gamboa, comisionada de este despacho, señaló que en el Sistema Integral de Salud (SIS) vienen reportándose casos de cobros ilegales en medicinas o servicios de atención, lo cual se configura como un atentado contra el derecho universal del acceso a la salud.
“Hay un SIS para todos, en el que automáticamente la persona que no cuenta con ningún tipo de seguro, en cualquier establecimiento de salud, deberían registrarlo y atenderlo de manera gratuita. Lo que nos llama la atención enormemente es que cuando van pacientes y le dan una receta, le digan ‘tiene que comprarlo afuera porque estoy no hay en el SIS’”, lamentó Sotomayor.
Y prosiguió: “La farmacia del hospital tiene que proveer ese medicamento; el paciente no tiene que comprarlo afuera. Lo otro es que, ante las primeras atenciones de afiliación, por lo general dicen que ‘no son cubiertas por el SIS, sino a partir de la segunda atención’; eso es inaceptable”.
La especialista culpó a los malos servidores públicos. “Cuando uno va a un hospital o establecimiento está en el ejercicio de su derecho: no es un favor que le está haciendo un servidor al paciente”, recalcó.
Además, Sotomayor subrayó que si la farmacia del hospital no cuenta con los medicamentos, también puede costear o desembolsar un monto para que el paciente los compre en las farmacias privadas.
Pero, a su vez, según la abogada de la Defensoría del Pueblo, se deberá registrar la queja en el libro de reclamaciones o ante la dirección del centro de salud.
“Nosotros nos enteramos de casualidad de que está sucediendo. El hecho es que la desinformación está afectando nuestro derecho de acceso a la salud”, lamentó la funcionaria.
En ese mismo sentido, Sotomayor indicó que su despacho se encuentra “alerta” ante cualquier incidencia de este tipo. “Por redes nos enteramos de estos casos”, comentó, no dejando de recordar que la Defensoría del Pueblo está en la obligación de orientar a los ciudadanos respecto a sus denuncias o quejas en las instituciones públicas, así como de derivar al Ministerio Público los casos que posiblemente comprometan la responsabilidad penal de un funcionario.
