“Los bosques no hay que cuidarlos porque son bonitos sino porque tienen una función ecosistémica”, sentenció Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), frente al sombrío panorama que el Congreso de la República dejó el pasado fin de semana, tras aprobar cambios en la Ley Forestal que atentan contra la Amazonía.
“Acá tienes a un gobierno que a último momento aprueba este proyecto, promovido por Confiep, bajo muchos intereses ocultos”, agregó Ruiz.
“A nivel de forma, la ley no fue objeto de consulta previa. Y si tú demuestras que el Estado procesa algo sin derechos fundamentales, se anula. Si se desmuestra que se ha violado algún derecho, como no escuchar a una parte, la ley no es válida. Se tiene el derecho a la consulta previa”, señaló, además.
En cuanto a la cuestión de fondo, Ruiz alegó que “los recursos naturales son patrimonio de la nación, en consecuencia no pueden ser entregados por concesión. Aquí se pretende entregar los bosques, pero estos no pueden ser objeto de propiedad privada”.
“Detrás están los mismos que pidieron bajarse el acuerdo de Escazú: lobbies de madereros, empresas de palma aceitera, Ocho Sur en Ucayali, el Grupo Romero, etc. Ellos son los que han ideado esto”, indicó rotundamente el abogado de IDL.
“El crimen organizado controla este país. Nos escandalizazmos por Ecuador, pero nosotros no estamos muy lejos. Estos grupos ilegales están por tomar el control de justicia, a través de la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, etc.”, lamentó Ruiz.
"Invasores quieren seguridad jurídica"
Un blindaje impune es lo que podrían gozar un importante grupo de traficantes de tierras en la Amazonía, auguró también Juan Carlos Ruiz.
“Promueven una política de colonización de la selva, se cree que es un territorio deshabitado que se pude explotar ilimitadamente. Va a pasar lo mismo que con el Reinfo: todos los que hasta ahora tengan actividad agropecuaria en tierras forestales vamos a excluirlos a la legislación forestal con el fin de que puedan inscribirse sus títulos de propiedad”, continuó el especialista.
“Lo que les preocupa es inscribirse, tener seguridad jurídica”, resaltó Ruiz, por encima de todo.
“Muchas de esas tierras invadidas son de pueblos indígenas. De 2600 comunidades nativas, aproximadamente 700 no tienen título de propiedad, y son tierras de pueblos indígenas que han sido invadidas. Esta norma, en lugar de reconocer a los pueblos indígenas, convalidarán la invasión”, dijo Ruiz.
Para colmo, el abogado advirtió que “todos los procesos administrativos y penales que tenía la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y la de Crimen Organizado contra empresas como Ocho Sur se caerán, porque ya no es delito”.
El caso grave de los menonitas en Ucayali, y en Madre de Dios con los israelitas en Arca Pacahuara, en Iberia, no pasarán desapercibidos tras instaurarse esta norma. “Tumban el bosque para hacer actividad agropecuaria, y este tipo de actividades se benefician por esta norma”, concluyó Ruiz.
“Lo de los israelitas en Madre de Dios es la misma lógica; el punto de partida es que se está deforestando a una velocidad increíble, nos estamos quedando sin bosque”, indicó el letrado.
