Los cambios recientes en la Ley Forestal continúan generando críticas desde la sociedad civil y, muy especialmente, desde organizaciones encargadas de velar por los bosques y los territorios indígenas. Juan Carlos Ruiz, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), confirmó que la decisión legislativa hará posible la deforestación y otras actividades ilícitas.
Ruiz, coordinador del área de litigio constitucional del IDL, manifestó que no hay que perder de vista que “en el Perú se deforestan cada año 150 mil hectáreas, y en pandemia fueron 200 mil”, siendo la principal causa de esto las actividades agropecuarias. Una de las herramientas para combatir el problema, la zonificación forestal, precisamente se propone eliminar.
“La zonificación se produce mediante la tipificación forestal, en el Ministerio de Agricultura, no del Ambiente”, como tras los nuevos cambios. “4 millones de hectáreas pueden pasar bajo protección del régimen agrario”, advirtió Ruiz.
“Y elimina dos reglas más: la prohibición del cambio de uso y obligación de calificación de tierras, que limita la actividad agrícola”, dijo.
“Ha habido mucha invasión de tierras forestales, alentada a veces por el Estado. Lo que hace esta norma es que toda esta deforestación sea legalizada. Hay empresas grandes que están deforestando”, sentenció el abogado.
¿TC y la última palabra?
Rocío Trujillo Solís, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) enfatizó que el Congreso de la República, tras los cambios en la Ley Forestal, está vulnerando varios tratados internacionales. En ese sentido, anunció que el Colegio Profesional de Sociólogos presentó una demanda constitucional contra la reciente acción legislativa.
“Las organizaciones han sido claras al referir que esta modificatoria constituye una violación a sus derechos fundamentales. El Congreso viene omitiendo tratados internacionales que establecen que cualquier medida legislativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas debe ser consultado”, explicó Trujillo Solís.
“Esta modificatoria va a traer el incremento de actividades ilícitas dentro de los territorios indígenas, promoviendo la minería, la tala ilegal y el narcotráfico y el despojo del territorio indígena; además de que los defensores ambientales sufren las amenazas dentro de sus territorios”, añadió.
Pese a ello, la especialista anunció que el Colegio Profesional de Sociólogos ha presentado una acción de inconstitucionalidad “tanto por el fondo como por el hecho de que no se ha hecho la consulta a los pueblos indígenas”.
“Esperemos que el TC resuelva con prontitud, declarando la nulidad de esta nefasta ley”, sostuvo la especialista de Aidesep.
