Un informe de acción de oficio posterior de la Contraloría General refirió que la exconsejera regional Fátima Pizango le alquiló un local a la Municipalidad Provincial de Tambopata por un total de 9000 soles el año pasado. Sin embargo, Pizango rechaza versiones de un presunto conflicto de intereses, frente a la prohibición normativa de que pueda contratar con el Estado.
“Antes de yo ser consejera, me dieron un poder para poder habilitar un espacio en que podía la municipalidad poner un almacén por el tema de Trabaja Perú, y por eso ha sido; recién se ha pagado cuando estaba en la gestión, era un pago atrasado”, dijo.
“Hay una carta poder con la cual se regularizará, ya que el terreno no es mío, no está a mi nombre, pero sí hay una carta poder para poder cobrar mientras la persona no estaba en Puerto Maldonado. Yo cobré, pero el dinero no era para mí”, se limitó a justificar.
La Acción de Oficio Posterior N° 005-2023-OCI/0442-AOP, donde se evidenció que la exconsejera alquiló un local a una obra de la Municipalidad de Tambopata, determina que la norma prohíbe a los consejeros y familiares directos contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo y hasta un año después del cese.
Por otro lado, Pizango mencionó que hay otro caso por el cual se le cuestiona de ganar una plaza ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, para este caso se limitó a argüir que el organismo técnico Servir descartó algún conflicto de intereses mediante un documento.
“Ya está el documento y este se pronuncia que no hay ningún caso de infracción porque yo soy docente y en el caso de consejeros no hay tiempo completo, por lo que no hay incompatibilidad”, afirmó.
