El último lunes una madre de familia denunció públicamente, a través de los micrófonos de Radio Madre de Dios, que un presunto caso de tocamientos indebidos contra su menor hija se había perpetrado en una institución educativa de Puerto Maldonado, cuyo nombre y ubicación reservaremos por encontrarse en juego la integridad de los involucrados -procesados en la Fiscalía-.
Según su relato, el abuso se produjo en manos de un trabajador del colegio, el mismo que fue detenido el último domingo por la Policía, aunque, horas después, fue liberado, bajo ninguna restricción para seguir laborando en la institución.
Tras ello, la madre de familia pidió las explicaciones de la dirección de la escuela, mientras expresaba su preocupación por el riesgo que corrían los demás alumnos.
La Defensoría del Pueblo intervino formalmente a la vez que la noticia se divulgaba. Luego de las averiguaciones, su representante regional, el abogado Guimo Loaiza Muñoz, informó que el colegio supo del caso desde el 15 de julio. “La mamá de una de las víctimas nos informó de la situación el día 18, luego de que su niña se lo comentó a la profesora del aula tres días antes, es decir, la profesora tenía conocimiento de estos hechos desde el 15, pero no realizó ninguna acción”, declaró.
La madre de familia también contó, según Loaiza, que desde la subdirección escolar simplemente recibió reproches por difundir información sin suficientes pruebas. Sin embargo, el 1 de setiembre la madre nuevamente advirtió la situación, descubriendo, a través de su menor hija, que un trabajador del colegio era el acusado por los tocamientos indebidos.
Frente a esta situación, el 2 de setiembre la madre de familia acudió a la UGEL y presentó una denuncia, al igual que a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. De la primera institución, pese a ser educativa, no recibió ninguna atención rápida. De la segunda, recibió la noticia de la apertura de una investigación fiscal contra el trabajador, así como de su detención y de la evaluación de Medicina Legal a la niña.
“En la vía administrativa no se había realizado ninguna acción desde el colegio, pese a que la normatividad es bien clara al señalar que, al tomar conocimiento de estos hechos, el director tiene que disponer inmediatamente que el personal sea puesto a disposición de la Dirección Regional de Educación, ya que no puede permanecer en la institución educativa”, explicó Guimo Loaiza.
Tras las denuncias públicas y la intervención de la Defensoría del Pueblo, la dirección de la escuela recién suspendió el contrato del trabajador más de un mes después, abriéndose un proceso administrativo contra él, mientras que desde la Fiscalía se continúan las investigaciones.
