El vicepresidente del Comité de Gestión de Reserva Nacional de Tambopata, Demetrio Pacheco, dijo que no es ninguna novedad el tema de los créditos de carbono, lo cual ha generado una controversia entre el Estado y el gremio regional de castañeros por la administración de sus utilidades.
“Está establecido en los contratos que el concesionario tiene derecho a los beneficios de los ecosistemas, y dentro de esos beneficios está el carbono, luego está el agua, áreas paisajísticas y una serie de beneficios. ¿Y por qué? Porque desde que la ONU se preocupó por el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, vieron que esas emisiones se podían justificar en el bosque”, o, dicho de otra forma, podían ser compensados con una retribución económica de las empresas privadas, lo que ahora se refleja en la compra y venta de bonos de carbono.
Se trata, según Pacheco, de “cuánto emito y dónde está la justificación de mis emisiones; entonces miraron el bosque, lo vieron y ahora los Estados, los gobiernos signatarios de esta famosa COP27, crean el mercado voluntario de la mano de la inversión privada”.
“Hasta ahora no se ponen de acuerdo cuánto va a valer un crédito de carbono, que es una tonelada, en el caso de los compañeros usuarios de bosques de castaña”, añadió el dirigente.
Ahora que el mercado internacional ve con buenos ojos el manejo de estos créditos, “nuestro sector se ha enmarcado en estos proyectos, por lo que, de alguna manera, el Ministerio del Ambiente perjudicaría a estos proyectos que están en desarrollo (si administran las utilidades de los bonos)”.
Por otro lado, Pacheco subrayó que “está establecido que el ente rector que tiene que velar por el buen manejo sostenible del bosque es el Ministerio de Desarrollo Agrario a través del Serfor, pero nos preguntamos día a día si están asumiendo el rol que les compete”.
Contrariamente, “con lo que se percibe de los bonos de carbono ya se podría tener lo que requiere la Policía para desplazarse a lugares alejados, gasolina y movilidad, y ya pueden gracias a eso; porque por iniciativa propia del Estado no hay fondos”, lamentó. “Hay que acudir al capital privado para hacer sostenible el manejo del bosque”.
