El Gobierno Regional de Madre de Dios y los municipios podrán disponer de valiosa maquinaria pesada, proveniente de la minería ilegal, de ratificarse en el Poder Ejecutivo una ley congresal impulsada por Eduardo Salhuana. Sin embargo, si bien el fin de la norma es reaprovechar bienes incautados de actividades ilícitas, algunos vacíos podrían hasta hacer peligrar la reserva de los operativos contra la extracción ilegal de minerales en la Amazonía.
La ley formulada por Salhuana busca que los cargadores frontales, volquetes o retroexcavadoras en manos de mineros ilegales y que están valorizados en millones de dólares no sean destruidos y vayan a parar, en cambio, a los gobiernos regionales y locales, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Karina Garay Tapia, coordinadora del área de Amenazas de la Sociedad Zoológica de Fráncfort, no dudó en cuestionar el texto legal. Confirmó que su objetivo se trata de no desperdiciar la utilidad de los bienes muebles, pero enfatizó que las interdicciones representan el único camino realista para ejecutar una acción contra los mineros ilegales, lo cual es dirigido por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI).
Para sustentar su postura, Garay señaló que las entidades públicas no tienen la logística debida para trasladar esta maquinaria desde territorios con altas restricciones de acceso hasta sus sedes, y que, por otro lado, hacerlo supondría vulnerar el carácter reservado de los operativos, pues para arribar a las zonas de minería ilegal se podría filtrar la información y estropear los operativos.
“Los lugares con minería no son lugares donde hay comunicación fluida, hay lugares donde no hay señal. Quizás el municipio diga que se puede hacer cargo de la maquinaria, pero para ir a recogerla va a demorar una o dos semanas para traerla, y qué va a pasar, ¿acaso la PNP o el Ejército se va a quedar custodiando esa maquinaria? No porque se quedarán en peligro”, manifestó la exfiscal especializada en delitos ambientales.
Este medio trató de comunicarse con el congresista Eduardo Salhuana, pero hasta el cierre de esta edición no recibió una respuesta.
"Nuestros congresistas no conocen nuestra realidad"
La especialista manifestó que “lo correcto era que se generen leyes contra la minería ilegal como reforzar la fiscalización de combustible, la maquinaria, de insumos químicos —como el mercurio—, sin embargo, lo que se ha hecho es debilitar la única ley, que así no sea 100 % efectiva, por lo menos traía algún resultado”.
“Nuestros congresistas no conocen nuestras realidades, no cumplen con su trabajo de investigación y no preguntan a los principales actores del tema, como el Ministerio Público, la Policía y la DICAPI, sobre las condiciones; no conocen cómo uno tiene que demorar para llegar a estos lugares y realizar estas interdicciones y que las autoridades no cuentan con la logística necesaria”, criticó Garay.
Desde el ‘Observatorio de minería ilegal’ que conforman varias organizaciones, como a la que Garay pertenece, advirtieron desde octubre del año pasado sobre el proyecto de ley, según contó la exfiscal a Radio Madre de Dios, sin embargo, hicieron caso omiso.
Por otro lado, la exfiscal especializada en delitos ambientales lamentó que la zona de La Pampa, epicentro de la extracción ilegal del oro en Madre de Dios, haya sido invadida nuevamente y que incluso se haya extendido la actividad en zonas protegidas como la Reserva Comunal Amarakaeri, especialmente en Puerto Luz.
