Desde el jirón Ucayali, en Lima, instituciones, colectivos y movimientos se concentraron el último jueves para demandar la rectificación o renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, luego de que este expresara estar a favor del archivamiento del tratado internacional de Escazú, el cual defiende ideas como la democracia ambiental y el bien común.
En un documento de parte de estas organizaciones, se advierte que, además de alterar la histórica posición de la política exterior peruana respecto al asunto, la posición del canciller contradice la política general del Gobierno sobre la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Por otro lado, también se opone a la postura de otro integrante del gabinete y no menos importante: el ministro del Ambiente, Modesto Montoya.
"Personas y comunidades están severamente afectados por el incremento del crimen organizado, asociado a los delitos de minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros delitos que están afectando la vida, la paz, la gobernabilidad democrática y el patrimonio natural (…) Es obligación del Estado garantizar un ambiente saludable para todas las personas y, además, asegurar el ejercicio pacífico de los derechos ambientales en entornos seguros y propicios”, señalaron.
En ese sentido, demandaron la renuncia o rectificación del canciller designado por Pedro Castillo, es decir, "que se disponga las correcciones necesarias en las posiciones de Rodríguez Mackay y se proceda a reforzar las capacidades del Estado para atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y a impulsar el mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con las medidas para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales”.
Cabe resaltar que el Acuerdo de Escazú está vigente en 24 países y fue ratificado en 13 de América Latina y el Caribe, pues busca garantizar los derechos humanos ambientales de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
