Durante los cuatro días en los que se realizó la labor de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General de la República supervisó el estado de los procesos de adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres en 254 municipalidades a nivel nacional a favor de las poblaciones vulnerables que son afectadas por el aislamiento social decretado a raíz de la presencia del coronavirus.
Del total de municipalidades
intervenidas, 48 corresponden a
jurisdicciones provinciales, mientras que 206 son distritos de todas las
regiones del Perú, las cuales fueron visitadas por más de 400 auditores que portaban
sus respectivos equipos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud
(Minsa).
Solo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre las cuales figuran las dos municipalidades provinciales y 48 distritales a las cuales se acudió entre los días 03 y 08 de abril.
Al interior del país, la mayor
cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (36), Puno
(19), Arequipa (16), Lambayeque (15), Ica (13), Cusco (10), Ancash (10),
Amazonas (10),Lima Provincias (7), Apurímac (7), Moquegua (6), Junín (6), Tacna
(5), Ucayali (5), Huancavelica (5), Ayacucho (5), Huánuco (5), Tumbes (4), Piura
(4), La Libertad (4), Loreto (4), Pasco (4), Madre de Dios (2) y Cajamarca (2).
La labor de control a la
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control
en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con
la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan
prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución
hacia las familias que lo necesitan.
Como se recuerda, más de 1,800
municipalidades que han sido consideradas en este programa de apoyo a poblaciones
vulnerables en todo el país, las cuales recibieron la autorización para que, de
manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, puedan efectuar la adquisición y
distribución de canastas con víveres de primera necesidad con un presupuesto de
S/ 213,650,000.
Cabe señalar que durante la
próxima semana y las siguientes, los equipos de auditores de la Contraloría
continuarán supervisando las municipalidades en diversas ciudades del país.
Hechos
detectados
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.
Los hechos detectados están
asociados principalmente a la demora en los procesos para adquirir los víveres,
lo que se reflejó en un total de 85 municipalidades que representan el 35% del
total de entidades ediles supervisadas. En este grupo se encuentran las municipalidades
que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del
proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.
La supervisión de la Contraloría
también permitió detectar que 22 municipalidades (9% del total) registraron
deficiencias en la distribución de canastas, tales como la falta de padrones de
beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, entre
otros.
También se detectaron que 14
municipalidades (6% del total) tienen deficiencias en la fase de
almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados para
almacenar los víveres antes de ser distribuidos.
En menor medida pero no menos
importante son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos y productos
que no garantizan inocuidad y ausencia de funcionarios responsables al momento
de la visita, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que
se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.
Mientras que el 50% (125) de
municipios se encontraban, al momento de la visita de los auditores, en la fase
de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución
de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, siguiendo lo establecido
en el Decreto de Urgencia N° 033-2020.
La labor de los auditores, entre
otros aspectos, también consistió en recordar a las autoridades ediles y
funcionarios a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas
el cumplimiento de los lineamientos establecidos Contraloría, los cuales son de
conocimiento público.
De acuerdo a las recomendaciones
emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre
las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las
familias beneficiarias. Del
mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales
deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta
finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a
persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política
en particular.
Asimismo, los auditores de la
Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información
de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión
Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del
Sistema Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia
Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron
con este requisito establecido.
Dicha plataforma permite que las
municipalidades registren en línea el proceso de contratación, la ejecución del
contrato y la entrega de las Canastas
Básicas Familiares para poblaciones vulnerables, contribuyendo a que dicha
acción se conduzca de manera eficiente y se garantice y oportuno uso de fondos
públicos.
