Pese a la importancia del sector de telecomunicaciones en el desarrollo del país y la generación de bienestar para la sociedad peruana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene el tope de multa más bajo en comparación a otros organismos reguladores y fiscalizadores, ocasionando que las multas impuestas no siempre sean proporcionales al impacto que las infracciones cometidas por las empresas operadoras generan al mercado y a los usuarios.
El tope de sanción establecido por ley para el OSIPTEL es de 350 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/1.7 millones (según el valor de la UIT para el año 2023), el cual es muy inferior al del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de 5000 UIT (S/24.7 millones), o al del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 3000 UIT (S/14.8 millones).
También es menor a los topes del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), de 900 UIT y al de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) de 500 UIT.
“La escala de multas del OSIPTEL se estableció por ley hace más de 20 años, por lo que no responde a los cambios y evolución del mercado de las telecomunicaciones”, indicó el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.
Por ejemplo, cuando las empresas permiten que sigan funcionando equipos móviles con IMEI reportados como robados o perdidos, esta infracción, por su impacto, deberían tener una multa superior a las 1000 UIT, pero el tope legal existente hace que el OSIPTEL imponga una sanción de 350 UIT.
Muente señaló que las multas buscan corregir la conducta de las empresas para que cumplan las normas y brinden un servicio de calidad a los usuarios. “Esto se desnaturaliza cuando la multa es menor al beneficio obtenido por la empresa al cometer una infracción. Una multa mayor tendría un efecto disuasivo”, puntualizó.
Si se consideran los montos de multas impuestas desde 1996 hasta el 2022, estas solo han representado el 0.09 % del monto de los ingresos operativos de las empresas del sector registrados en dicho periodo. “Esto quiere decir que, con los topes actuales, las multas no motivan la modificación de la conducta de las empresas, pues sus ingresos no se ven afectados y al contrario reinciden en la falta”, explicó.
De acuerdo a la información del Portal de Información sobre Estadísticas de Fiscalización del OSIPTEL, las multas impuestas a las empresas operadoras (declaradas firme) en el 2020 sumaron S/111.86 millones, en el 2021 alcanzaron los S/101.79 millones, mientras que en el año 2022, fueron de S/85.76 millones.
Reincidencia de infracciones
Debido a diversas infracciones cometidas del 2018 al 2022, las empresas operadoras de telecomunicaciones fueron multadas por 85 741 UIT, equivalentes a S/374.55 millones.
En dicho periodo, Telefónica es la empresa más multada, habiendo recibido 35 952 UIT o S/157.79 millones, le sigue Claro con 16 396 UIT o S/71.64 millones. Por su parte, Entel recibió 14 281 UIT o S/62.28 millones en multas, mientras que Bitel fue sancionada con 12 557 UIT o S/54.36 millones, y otras empresas con 6556 UIT.
Si se analiza por materia de la infracción cometida, del 2018 al 2022, Telefónica es la empresa más multada en lo que respecta a interrupciones y disponibilidad del servicio, así como por incumplimiento de normas sobre equipos robados y de portabilidad. Mientras que Entel lo es en lo que respecta a sanciones por calidad de atención a los usuarios.
Por su parte, del 2019 al 2022, Bitel es la empresa con el mayor monto acumulado de multas, correspondiente a incumplimientos de los indicadores de calidad de servicio; y Telefónica lo es respecto al incumplimiento de compromisos de mejora de los indicadores de calidad de servicios y a infracciones cometidas contra las normas de tarifas de servicios.
Multas se destinan a proyectos de conectividad rural
Es importante señalar que la imposición de multas no persigue mayores ingresos para el OSIPTEL, pues los recursos obtenidos por las multas impuestas a las empresas operadoras son destinados al fondo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), organización que promueve el acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para las poblaciones rurales, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
