Por: CAAAP
13:00|26 de mayo de 2020.- El pasado 21 de mayo el vicepresidente de la Comunidad Nativa de Shintuya, Willy Corisepa, recepcionó a las 15.40 pm una cédula de notificación enviada desde la Fiscalía Provincial Mixta de Manu (Madre de Dios). En ese documento se exhorta, luego de la exposición de hechos, a que la Comunidad Nativa de Shintuya “se abstenga de su pretensión de cerrar la carretera y eviten incurrir en delito”. Asimismo, también se recomienda que la comunidad consulte y coordine cualquier acción relativa al tránsito de personas y vehículos durante la cuarentena con la Policía Nacional y, del mismo modo, que la Comisaría de Salvación realice mayor énfasis en la instrucción, coordinación y control con las personas que apoyan como seguridad ciudadana en sus respectivos centros poblados.
Este suceso ha llenado de temor a la población Harakbut de Shintuya, quienes optaron por colocar una tranquera en su comunidad cuando se oficializó el primer caso positivo por COVID-19 en la capital de la provincia del Manu, Villa Salvación, que está a tan solo una hora de camino. A pesar de que en la exposición de hechos se admite que los comuneros habrían abierto la tranquera en días anteriores ante el paso de vehículos con víveres, así como otros de carácter oficial de la Policía, la empresa de electricidad y el sector Salud; y que se hace alusión al Exp. 01126-2011 del Tribunal Constitucional, caso Tres Islas, que reafirma el derecho de la comunidad de controlar el ingreso a sus territorios (derechos se encuentran limitados por otras cláusulas constitucionales), de oficio el fiscal Jorge Ccorimanya Castro realizó esta notificación señalando que la comunidad nativa no puede pretender cerrar la carretera por ser un bien de dominio y uso público, único medio de transporte terrestre en esta localidad.
En conversación con el CAAAP, un día después de este suceso, el presidente de Shintuya Edwin Quendive Bario, hacia quien se dirigía la notificación que no pudo recoger personalmente al encontrarse pescando, admitía que esta acción había generado zozobra en la comunidad. “Las personas que en ese momento se encontraban en la tranquera fueron sorprendidos, les empezaron a hablar de leyes y no han podido hacer más”, reconocía. Indica que el único objetivo de la comunidad es protegerse, que no quieren problemas con la justicia, pero que deben protegerse de la enfermedad porque su posta no tiene ningún tipo de garantías para salvar vidas. Además, la carretera no es la única via de comunicación y, tal como se puede leer en la junta de Asamblea Extraordinaria previa a la instalación de las tranqueras, Shintuya recomendó que los desplazamientos se realizaran por vía fluvial, sin necesidad ninguna de ingresar en la comunidad.
Al respecto de esta situación también se ha pronunciando el Consejo Harakbut Yine Matsigenka, indicando que se está preparando una respuesta legal a esta advertencia. Esa publicación indica: “¿Qué pretende? Esta posición de la fiscalía ha llamado la atención no solo de la comunidad nativa sino de las propias organizaciones indígenas que están alistando una respuesta legal en momentos en que no solo la sociedad en general sino los pueblos indígenas en particular están sufriendo los embates de la pandemia. Preguntamos, ¿qué pretende el fiscal cuando “exhorta” a la comunidad a que abra la carretera? ¿A que el virus se expanda con más rapidez? ¿Acaso el fiscal no está informado que los establecimientos de salud del Manu no están implementados y no tienen medicamentos y menos equipos de respiración artificial para afrontar un contagio masivo?, ¿no sabe que las poblaciones indígenas son altamente vulnerables a enfermedades importadas? Cuando el fiscal hace referencia a la policía, lo hace sin saber que es la que menos ha apoyado a la comunidad dejando pasar personas y vehículos demostrando un total desconocimiento de la autonomía de la que gozan los pueblos indígenas. Le aclaramos al fiscal que la carretera no es la única vía por la que la gente puede circular, pues lo ha hecho ancestralmente por el río Madre de Dios. Tampoco se ha restringido el paso de vehículos del estado como el mismo fiscal lo reconoce en su notificación. Mientras el gobierno trata por todos los medios que la población respete la cuarentena y evitar que el virus se siga propagando, el fiscal quiere que se abra una carretera que cruza una comunidad nativa poniendo en riesgo la vida de la misma”.
