Una nueva amenaza para la biodiversidad y población indígena de la Amazonía peruana. El congresista por Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana Cavides, presentó el lunes 30 de octubre, el Proyecto de Ley 6259/2023-CR, que declara de interés nacional la planificación y construcción de infraestructura para el mejoramiento vial en el departamento Madre de Dios. La propuesta incluye tres proyectos viales, entre los que se encuentra la carretera que uniría Boca Manu y Boca Colorado, en los distritos de Fitzcarrald y Madre de Dios, respectivamente, cuyo trayecto pasaría cerca al Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
En el documento, firmado por los parlamentarios Roberto Chiabra, Nelcy Heidinger, Idelso García, Elva Juron y Rosio Torres, se menciona que el proyecto vial tendría una extensión de 96 km, lo que significaría que además de los territorios mencionados, serían afectadas las comunidades nativas Masenawa, Boca Isiriwe, Isla de los Valles y Puerto Azul, informó el portal Actualidad Ambiental.
Bryan Jara, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, alerta sobre la mala praxis instalada en el Congreso para promover y aprobar proyectos declarativos sin una adecuada evaluación de los impactos que podrían tener, más aún en sectores tan importantes como el de transportes. “La priorización de la ejecución de una carretera no resulta conveniente que sea mediante una ley mientras no se cuente con un adecuado sustento a nivel ambiental, económico y social. Debe estar priorizada en instrumentos de planificación que las diversas entidades cuentan, en el marco de sus competencias. Por ejemplo, un plan vial departamental o provincial”, apuntó.
Cabe precisar que aún siendo priorizada la carretera, su ejecución implica el cumplimiento efectivo y oportuno de sus obligaciones ambientales, como el estudio de impacto ambiental, autorización de desbosque, entre otros. Ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento, mediante el cual todo proyecto de inversión debe contar con la certificación ambiental expedida por la autoridad competente en el sector de transportes, a partir de la evaluación de los impactos ambientales y sociales a los que alcance su ámbito de influencia. De igual forma, para estos casos es oportuna la opinión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), debido a que la vía afectaría las zonas de amortiguamiento de dos áreas naturas protegidas: la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu.
Por otro lado, Jara recordó que hay estudios que alertan la inviabilidad de este tipo de rutas, haciendo referencia al estudio Conectividad en la Amazonía peruana: análisis de un portafolio de carreteras y estudio del caso Boca Manu-Boca Colorado, del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), que concluía que el costo de esta vía superaba a los beneficios. “La carretera no tenía viabilidad en términos socioeconómicos, motivo por el cual se requeriría una adecuada evaluación de la viabilidad de ese tipo de carreteras para que finalmente sean ejecutadas”, manifestó.
En el proyecto de ley del congresista Salhuana se consideran otros dos proyectos viales: la construcción del óvalo El Triunfo y del puente Carlos. En el caso del primero, este se ubicaría en la misma carretera Interoceánica, antes de cruzar el puente Billinghurst. Ambos proyectos cuentan con estudios preliminares, a diferencia de la vía Boca Manu-Boca Colorado, que se pretende declarar de interés nacional.
Franshesca Gamarra, especialista legal de la SPDA, comentó que la propuesta legislativa tendría un impacto negativo, por ser un “riesgo a la vida, integridad y la salud de los PIACI, especialmente del pueblo mashco piro, debido al acercamiento hacia la zona donde se ha advertido su presencia, cerca al puesto de control Nomole, ubicado en la comunidad nativa Diamante”.
De igual forma, Gamarra alertó que con esta carretera podría incrementarse la presencia de actividades ilegales como el narcotráfico, tala y minería ilegales, al igual que “poblaciones ajenas a las comunidades que se instalan alrededor o pretenden integrarse a ellas, así como el desarrollo de actividades de comercio que facilitan la disponibilidad de alcohol, locales de juego y que probablemente promuevan la prostitución, impactando con ello el modo de vida de las comunidades y generando riesgos a su seguridad, ante la exposición a delitos como el sicariato y la trata de personas”.
En esa línea, la abogada refirió que en los procesos de evaluación sobre las medidas legislativas y administrativas que se promuevan para el desarrollo de vías hacia territorios de comunidades “debe preverse las externalidades negativas que estas conllevan hacia estas poblaciones locales, puesto que ante una debilidad del Estado para el control de economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, entre otros), su expansión suele facilitarse con la conectividad vial hacia estos territorios, acrecentándose el aprovechamiento ilegal e insostenible de los recursos naturales. Hay que recordar también que estas actividades ilegales representan el 68 % de situaciones de riesgo para personas defensoras del ambiente y del territorio, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Autoridades deben estar alertas
Franshesca Gamarra exhortó a los funcionarios del Ministerio de Cultura (Mincul) a manifestarse sobre la propuesta legislativa del congresista Salhuana, que no ha considerado el proceso de consulta previa, tomando en cuenta que este sector del Gobierno central debe salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. “Al pretender ser una norma declarativa, puede producir efectos jurídicos inmediatos y concretos sobre territorios indígenas”, advirtió.
La intervención del Mincul también es necesaria, agregó al especialista, porque la vía propuesta transgredería la Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. “Al Estado le compete la protección de los pueblos indígenas y sus territorios, velar por la intangibilidad de las reservas indígenas y reservas territoriales, atendiendo la vulnerabilidad de los PIACI y la especial vinculación de estos con el acceso y uso de los recursos que se encuentran en sus territorios”, recalcó.
Gamarra también recordó un caso similar: en el 2018 el Congreso promulgó la Ley 30723, con el fin de declarar de interés nacional la promoción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali. En dicha ocasión, la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (TLC), señaló que había una falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental por parte del Estado peruano en el proceso de elaboración, deliberación, aprobación y promulgación de esta norma.
Salhuana cita estudio que contradice beneficios de la carretera
En el análisis costo–beneficio del proyecto de ley del congresista de APP solo se considera un párrafo de ocho líneas para esta carretera. Todo el texto dedicado a esta propuesta es una cita del Análisis económico del impacto de la interconexión vial Boca Manu-Boca Colorado, realizado por el Grade y publicado en agosto de 2021, para ubicar las zonas por donde atravesaría la carretera y mencionar que en la Reserva Territorial Madre de Dios habitan PIACI. Sin embargo, no se señalan los conclusiones y recomendaciones del informe, cuyos resultados son similares al estudio citado por Jara, respecto al costo directo de inversión y mantenimiento de la vía, así como de los indirectos: deforestación, afectación de medios de vida, daño del paisaje, entre otros.
Incluso, el estudio de Grade plantea como alternativa a la carretera el fortalecimiento del transporte fluvial mediante el desarrollo de información segura en la navegación, capacitaciones a pilotos y tripulantes, servicio de limpieza y mantenimiento de las vías fluviales, edificación de infraestructuras portuarias, etc.
Funcionario del Gobierno Regional de Madre de Dios cuestiona solicitud de acceso a la información
En la I sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y audiencia pública Madre de Dios, desarrollada en Puerto Maldonado, el subgerente de la Subregión Manu del Gobierno Regional de Madre de Dios, Reynaldo Rivas, indicó que trabajan en el proyecto de integración entre Boca Manu y Boca Colorado. No obstante, cuestionó el pedido de acceso a la información pública del Observatorio para la Infraestructura Vial Sostenible en los Andes y Amazonía (Oivsaa), que solicitó copias digitales de los estudios preliminares, cronograma de trabajo de los trabajos topográficos y de suelos, referidos al proyecto de carretera.
“Hemos empezado a trabajar la idea de proyecto. Sin embargo, han aparecido unas ONG que ya nos han solicitado una información. Para colmo, son organismos internacionales que nos vienen a solicitar información. Nosotros respetuosamente les hemos hecho llegar toda la información que nos han solicitado”, expuso el funcionario.
La sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, liderada por su presidente, Eduardo Salhuana, contó con la participación de sus demás integrantes. Además, fue invitado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, quien dio cuenta de los proyectos que vienen ejecutando su cartera. También estuvieron presentes alcaldes de Madre de Dios, funcionarios de organismos vinculados a este sector y representantes de mototaxistas.
Sin embargo, representantes de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) de la Reserva Comunal Amarakaeri comunicaron a Actualidad Ambiental que no fueron invitados.
Datos:
El Observatorio para la Infraestructura Vial Sostenible en los Andes y Amazonía está conformado por la Fenamad, ECA Amarakaeri, el Consejo Harakbut, Yine, Machiguenga (Coharyima), la SPDA, la Sociedad Zoólogica de Fráncfort del Perú, el Centro Bartolomé de las Casas, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.
En 2016, una propuesta similar impulsada por el entonces congresista por Madre de Dios, Amado Romero, fue observada por el Ejecutivo y, posteriormente, archivada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, en consideración a los impactos negativos que dicho tramo representaba y aún representa para las poblaciones indígenas que se encuentran en su ámbito de alcance, así como para los ecosistemas de dos áreas naturales protegidas: el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.
