El Contralor General Nelson Shack, informó que durante el segundo semestre de este año se iniciará el control posterior para identificar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios públicos, que habrían cometido irregularidades durante la ejecución de los recursos públicos asignados a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria COVID-19.
Así lo anunció ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, en la que manifestó que dicho control se fundamentará en los más de 7 mil informes de control emitidos como resultado de la estrategia integral a la emergencia sanitaria que se aplicó en todo el país.
Señaló que antes de pasar a dicha etapa, se verificará si las autoridades atendieron y activaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos o situaciones adversas identificados desde el mes de marzo, plasmados en los informes de control simultáneo disponibles en el portal web Monitor de Control y Transparencia COVID-19. El control posterior implicará el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, a nivel individual, que motivará posibles denuncias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
