Durante la primera semana de enero, Juana Payaba Cachique, ex presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios, se reunió con autoridades del gobierno nacional. El objetivo fue denunciar las amenazas que reciben sus miembros, debido a la negativa de autoridades del gobierno regional para ejecutar una sentencia a su favor que reconoce su derecho a la autonomía y propiedad territorial.
Y es que, a consecuencia de ello, la comunidad ha sido invadida por taladores y mineros ilegales, que contaminan su territorio. «Manifestamos nuestra preocupación y tememos por nuestras vidas debido a la presencia de terceros mineros ilegales quienes continúan ingresando y destruyendo el territorio comunal y transitan por una trocha construida ilegalmente. Si no se ejecuta la Sentencia del Tribunal Constitucional, seguirán entrando», dice la señora Juana, quien viajo a Lima junto a su hija.
La señora Juana Payaba relató que hace más de medio año su comunidad solicitó el apoyo a las autoridades estatales competentes para expulsar de manera coordinada a todos los mineros ilegales que se encuentran dentro de su territorio. No obstante, a la fecha, solo se ha llevado a cabo una diligencia coordinada, que se vio interrumpida por las amenazas a la vida e integridad que recibieron los miembros de la comunidad y la propia Policía Nacional del Perú (PNP).
La comunidad decidió expulsar a todos los mineros ilegales en una de sus asambleas en junio del año pasado. En ejecución de esa decisión, la comunidad se está enfrentando a terceros que vienen realizando minería ilegal y que podrían estar relacionados con el narcotráfico.
«A la fecha, todas las autoridades rectoras en administración y promoción de justicia han sido informadas con los últimos acontecimientos y la situación general por la que viene atravesando la comunidad. Esperamos que esta vez las voces de nuestro pueblo sea escuchada y podamos acceder a la justicia de forma plena y satisfactoria», dijo Payaba.
El 5 de enero, la representante y el presidente de la FENAMAD se reunieron con el asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, allí solicitaron la fiscalización del Gobierno Regional por seguir permitiendo el pago de vigencia de concesiones mineras cuando la comunidad ya ha manifestado su negativa de consentimiento.
La señora Juana Payaba informó sobre su situación de riesgo a las autoridades del Estado. Y ahora están a la espera de acciones concretas, pues su vida y la de los miembros de la comunidad Tres Islas se encuentran en riesgo.
Información: IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org, [email protected]
