El gobierno emitió el sábado 5 de noviembre, la resolución suprema 390-2016, con la cual prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en las regiones de Madre de Dios, Arequipa y Puno, con el fin de brindar apoyo a la Policía, ante eventuales situaciones de conflictividad social.
La norma precisa que el plazo para tal presencia se extiende hasta el 6 de diciembre, "con el fin de asegurar el control del orden interno y evitar actos de violencia".
Según la misma resolución firmada por la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, la medida es adoptada puntualmente ante posibles movilizaciones promovidas por la minería ilegal e informal.
Al mismo tiempo, enfatiza que la participación de las Fuerzas Armadas es solo de apoyo, pues el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional. En la misma línea, la participación militar no debe afectar los derechos fundamentales de las personas que habitan en las tres citadas regiones.
La resolución es emitida en un contexto en el que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha obtenido facultades para legislar o modificar las políticas en materia de minería ilegal e informal, sin embargo, hasta la fecha no han emitido ningún decreto legislativo al respecto.
