En una entrevista concedida a medios de comunicación de Puerto Maldonado, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios (CSJMD), Adolfo Cayra Quispe, comentó el proceso administrativo que dejó suspendida a la jueza Judiht Nelly Atapaucar Barrientos del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, que liberó a una presunta banda de delincuentes en marzo.
El máximo representante del Poder Judicial en la región indicó que la
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) hizo una visita extraordinaria a la CSJMD, luego de recibir un informe del Órgano de Control regional como parte de un proceso administrativo.
Posteriormente, tras revisar y evaluar los expedientes del referido informe, el jefe de la OCMA, Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, dictó la medida cautelar de suspensión en el cargo por seis meses en contra de la cuestionada jueza.
“La magistrada no hizo una debida motivación”, señala Cayra quispe sobre la decisión de la suspendida magistrada que generó la preocupación de la comunidad, tras liberar a los siete detenidos que fueron encontrados con un arma de fuego, pasamontañas, documentos robados, etc.
Si bien la jueza no recibió una sanción definitiva, aún podrá defenderse durante el proceso administrativo, lo importante -señala- es que "la comunidad sepa que los magistrados no somos intocables".
Sanción administrativa
A lo largo de la entrevista, Cayra Quispe fue enfático en señalar que la suspensión de la jueza es administrativa, mas no jurisdiccional. Sobre esto último, existe una Sala de apelaciones, integrada por tres magistrados, quienes por el momento han solicitado la detención de cuatro de los sujetos que fueron liberados por Atapaucar Barrientos, tras la apelación del Ministerio Público.
Asimismo, será la misma sala conformada por el trío de magistrados los que decidirán si los implicados son culpables o no, ya que por el momento solo son investigados y están sujetos a la presunción de inocencia.
