El miércoles 24 de marzo se dio por clausurado el primer curso en Minería Ilegal y Tala Ilegal para fiscales especializados en delitos ambientales del Perú. Este programa académico práctico que integra conceptos y herramientas de la Economía, el Derecho Ambiental y el Derecho Penal, estuvo organizado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el Proyecto Prevenir de USAID, y fue implementado por la Universidad del Pacífico.
En la ceremonia de clausura, se contó con la presencia de Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la Dra. Flor de María Vega Zapata, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, y Michelle Jennings, directora de la Oficina de Medio Ambiente y Crecimiento Sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID. Las autoridades presentes aprovecharon la ocasión para destacar el valioso rol de los servidores de la FEMA vinculados a la lucha contra los delitos ambientales.
El curso, realizado entre el 1 y el 24 de marzo, reunió a los 150 fiscales especializados en delitos ambientales de todo el país, lo que planteó una oportunidad sin precedentes para mejorar sus conocimientos y destrezas en torno a los delitos ambientales de mayor incidencia: la tala y minería ilegales.
Esta iniciativa es parte de las actividades impulsadas por el Proyecto Prevenir de USAID, que trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector privado para contribuir a prevenir y combatir los delitos ambientales en la Amazonía peruana.
Sobre el Proyecto Prevenir de USAID
El Proyecto Prevenir de USAID apoya al Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector privado, a fin de mejorar las condiciones para prevenir y combatir los delitos ambientales en la Amazonía Peruana. Trabaja mediante un enfoque integral y multisectorial, que incluye el fortalecimiento del sistema de justicia, el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, el monitoreo y la protección de la flora y la fauna, el análisis de los costos y la propuesta de incentivos económicos, la inclusión de salvaguardas ambientales y sociales en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y la implementación de campañas de sensibilización e información a la ciudadanía.
