Desde el día de mañana, jueves 30 de noviembre, Puerto Maldonado será sede del “I Congreso Internacional de Justicia Ambiental”, un evento organizado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
En este evento participarán más de 40 especialistas en el derecho ambiental nacional e internacional, quienes darán conferencias a más de 100 jueces. Con ello, se busca fortalecer la capacidad de los jueces y mejorar el acceso y la aplicación especializada de la justicia ambiental en el Poder Judicial.
Entre los expositores se encuentran Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial y presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental; Elsa Galarza, ministra del Ambiente; Antonio Benjamin, ministro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil y Rafaél Asenjo Zegers, ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile.
También asistirá Jorge Viana, senador de la República de Brasil; Marcial Rubio, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Marco Arana, congresista de la República; Pedro Solano, José Luis Capella e Isabel Calle de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y especialistas de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y Venezuela.
El “I Congreso Internacional de Justicia Ambiental” es el primer evento de tal magnitud realizado en una de las regiones con mayor incidencia en delitos ambientales.
Se eligió la ciudad de Puerto Maldonado de forma simbólica porque es uno de los departamentos más afectados por la contaminación de aguas y suelo, la minería ilegal, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y el tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Uno de las metas es lograr una efectiva reforma y modernización del Poder Judicial en la dimensión ambiental.
Como se recuerda, la semana pasada el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció una serie de compromisos para mejorar el desempeño de la justicia ambiental en el Perú a través del “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú”.
Suscribieron este acuerdo la Fiscalía, los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Riego, Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República (a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología), la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, entre otros.
