Las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios (FECOF), a nivel nacional, se avocarán también a
realizar acciones preventivas para evitar cualquier irregular manejo de los 213
millones 650 mil soles que el Gobierno ha autorizado utilizar a las
municipalidades para que otorguen una canasta de víveres a los más afectados
ante la actual emergencia sanitaria por el COVID-19.
Así lo dispuso el coordinador nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar
Tello Rosales, mediante un oficio circular remitido vía WhatsApp a los 124
jefes de despachos fiscales provinciales que cumplen de forma rotativa el
servicio de turno en cada una de las 42 sedes anticorrupción del Ministerio
Público.
"...Corresponde que las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios que se encuentren de
turno, se mantengan en alerta permanente ante cualquier eventual acto de
corrupción que se pueda propiciar en los gobiernos locales que se encuentran
distribuidos en todo el territorio nacional. Asimismo, deberán mantenerse en
comunicación permanente con esta Fiscalía Superior Coordinadora Nacional, a
efectos de realizar actividades conjuntas con la Contraloría General de la
República..." señala el documento.
Esta atribución para vigilar y prevenir
cualquier práctica ilícita por parte de un funcionario o servidor público que
haga mal uso del presupuesto transferido ante la emergencia nacional, es parte
de las funciones que las FECOF cumplen en mérito a la Ley Orgánica del
Ministerio Público y al Reglamento de las Fiscalías Especializadas aprobado por
Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1423-2015.
El fiscal superior Omar Tello sostuvo que
con esta facultad, respaldada por la Fiscalía de la Nación, los fiscales
anticorrupción de turno, en coordinación con la Contraloría, la Policía
Nacional y la sociedad civil, velarán para que los alcaldes y demás
funcionarios municipales cumplan de forma honesta y transparente con la adquisición y distribución de las
canastas básicas para las familias más necesitadas.
Asimismo, exhortó a los burgomaestres a
actuar en el marco de la Ley, precisando que de lo contrario podrían incurrir
en el delito de peculado, penado con 8 a 12 años de pena privativa de la
libertad.
El Decreto de Urgencia N° 033-2020
establece que, una vez terminada la entrega de los kits de productos de primera
necesidad, se deberá publicar en la página web de cada municipio, así como
colocar en lugares públicos el nombre del titular de la familia beneficiaria.
Cabe recordar que el Presidente de la
República Martín Vizcarra explicó también que los alcaldes tendrán la obligación
de informar sobre el costo de cada producto que integre la canasta básica a fin
que dicha información sea contrastada.
