El reconocimiento de la vigilancia indígena ha tenido avances en el último año. Actualmente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República se encuentra en proceso de aprobación del pre dictamen para el reconocimiento nacional de la vigilancia indígena, y a nivel regional, Loreto y Ucayali, han sido las primeras regiones del país en reconocer mediante Ordenanzas Regionales la existencia de la vigilancia indígena dentro de sus ámbitos territoriales.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha desarrollado una normativa de monitoreos ambientales participativos que buscan recoger, valorizar el conocimiento de las comunidades locales para ejercer la vigilancia, así lo afirmó el Viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre Chang. “
En el caso de las comunidades nativas, la vigilancia integral es de suma importancia porque ellos conocen el territorio y su participación es la mejor forma de prevenir conflictos. Hemos visto casos como el programa de monitoreo ambiental comunitario de bajo Urubamba, los procesos de participación y vigilancia indígena en cuatro cuencas, en diferentes ámbitos de la gran amazonía peruana se están dando procesos de vigilancia comunitaria que queremos rescatar consolidar y formalizar en la normatividad”, señaló.
“Desde siempre, los pueblos indígenas y poblaciones locales vienen realizando labores de vigilancia, la cual se presenta como una estrategia de seguridad territorial, monitoreo ambiental, promotores en salud, guardabosques, entre otros. Esta vigilancia de despliega en zonas remotas de nuestro país, donde muchas veces el Estado no está presente. Estas actividades de vigilancia han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por actividades extractivas, como los derrames de petróleo en la Amazonía. Estos impactos, activan vigilancia en salud y seguridad territorial”, Diego Saavedra, de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Para Agilio Semperi, Presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Cusco, es fundamental el reconocimiento de la vigilancia indígena a nivel del gobierno central, para que tengan representatividad y puedan tener acceso a información, señala que mediante el proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena, que trabajó durante dos años en cuatro regiones de la Amazonía: Cusco, Ucayali, Loreto y Junín; su organización COMARU pudo intercambiar información con los programas de monitoreo y guardabosques que están dentro de las comunidades nativas.
“El programa de monitoreo no solamente va controlar a las empresas sino también a las municipalidades, que también hacen proyectos de envergadura en las comunidades nativas”, añade Semperi.
“Lo que plantean los pueblos indígenas no es una estructura nueva de vigilancia indígena, se plantea que el Estado reconozca lo que ya los pueblos vienen haciendo, como la preservación de sus territorios y vencer las barreras de discriminación”, sostiene Iris Olivera, Coordinadora del Proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena que DAR desarrolló junto con las organizaciones indígenas CARE, COMARU, ACODECOSPAT y ORAU.
