Haciendo un balance de sus últimos 10 meses de gobierno, la saliente autoridad regional, Jefferson Gonzáles Enoki, lamentó el poco avance en la formalización minera. Reclamó, por otro lado, que el Estado siga permitiendo la expansiva presencia de locadores de servicios en la gestión pública, quienes no tienen responsabilidad alguna sobre sus propios actos administrativos.
“A la fecha hemos formalizado 152 mineros, de los cuales en el 2019 se han formalizado 2. Este año han sido 59. Ya superan la expectativa, pero en realidad no representan ni el 0.01 % de los que han declarado su Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)”, precisó.
“Si queremos trabajar sobre la verdadera formalización, la Dirección General de Formalización Minera debería transferir los recursos para que se puedan generar las fiscalizaciones y los expedientes; así como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con determinados actos administrativos”, añadió.
En otro momento, indicó que se ven atados de manos al intentar frenar la llegada de locadores de servicios, pues “lastimosamente los contratos de locación de servicios nos lo generan las propias transferencias, y nosotros no podemos modificarlo”. El problema, recordó Gonzáles Enoki, es que los locadores carecen de un vínculo laboral con la entidad, lo que también los hace deslindar de cualquier responsabilidad en procesos administrativos.
“En el caso de la Dirección Regional de Energía y Minas, esa también es la dificultad: firman personas con prestación de servicios pero que, si nosotros hacemos una evaluación, no tienen vínculo con la entidad”, comentó.
A modo de antecedente, la autoridad señaló que en la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre se presentó el caso de un locador involucrado en un acto de corrupción. “Se indicó que era responsable de esto y el otro. Pero al final, el Poder Judicial dijo que no se le puede dar medidas restrictivas porque no tenía un vínculo con la entidad. Esto genera a que haya un camuflaje en el acto de corrupción”, acusó.
