A tempranas horas del día se divulgó el decreto supremo 123-2022-PCM, rubricado por el presidente Pedro Castillo y parte de su gabinete para declarar en estado de emergencia a todos los distritos de la región Madre de Dios. El fin, según reza el documento, es "combatir y neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos".
El plazo de este proceso excepcional será de 60 días. Al término de este, el gobierno ordena que se presente un informe de los resultados obtenidos.
El director policial de Medio Ambiente, Luis Guillén, confirmó a Radio Madre de Dios que desde el 16 de setiembre la región no había vuelto a tener esa condición legal. El problema fue que, tras el levantamiento de esa orden, las Fuerzas Armadas no tenían ninguna intervención directa en el control interno, como los operativos contra la minería ilegal.
Fiscales como Carlos Chirre advirtieron que la falta de un decreto como este impedía, por ejemplo, que su equipo se movilice en helicóptero, vehículo a cargo del Ejército.
