Luego de una larguísima jornada de audiencias judiciales, sobrepasando las 30 citas programadas en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata desde hace apenas un mes, se determinó que algunos de los investigados de “Los Ediles del Puerto”, caso que compromete al exalcalde provincial Keler Rengifo Khan y varios exfuncionarios municipales, se sometan a prisión preventiva o a una libertad con restricciones.
Durante la vigésima quinta sesión del juez Edgard León Quispe, se resolvió, por ejemplo, dictar una prisión preventiva de 24 meses contra los exservidores Michel Díaz Chávez, Ricardo Noel Leyva Eustaquio y Luiz Enrique Cuzco Rebaza, todos exintegrantes del Instituto Vial Provincial – IVP.
“Declaro fundado el pedido de prisión preventiva de 24 meses por organización criminal, colusión agravada y negociación incompatible”, pronunció el juez León.
El magistrado, haciendo un recuento de las imputaciones de la Fiscalía, recordó, por ejemplo, que Michel Diaz Chávez “era gerente del IVP, y a él se le atribuye el hecho de coordinar la contratación del servicio de mantenimiento del camino vecinal Mavila, interviniendo en la etapa de ejecución y concertando con el contratista”.
Por otro lado, contra investigados como Rommel Napoleón Rios Córdova y Junior René Surco Gutiérrez, ambos exanalistas del Instituto Vial Provincial IVP, “no va a ser necesario desarrollar el plazo de la prisión porque no se ha justificado”, según el juez Edgard León Quispe.
“No va a ser necesario aplicarla (la prisión preventiva); más bien se exhorta al Ministerio Público que, habiéndose iniciado la investigación, agote los actos necesarios respecto de todos los procesados. Todo esto por lo cual declaro infundado el pedido de prisión preventiva”, afirmó en estos casos.
Pese a que serán investigados en libertad, Rios y Surco recibieron más de una restricción. Además de ciertas reglas de conducta como no mantener comunicación con otros imputados en libertad o pagar una caución económica de 10 mil soles, serán sometidos a “la facultad al Ministerio Público para poder vigilar su permanencia en su domicilio, materializándose en visitas inopinadas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, no siendo este un mandato de allanamiento o intervención física, sino solo un acto de constatación”.
La decisión de concederles libertad mientras duren las investigaciones las obtuvieron también los casos de Pedro Guillen Apaza y Jaime Ríos Agüero, exgerentes de la Sociedad de Beneficencia de Puerto Maldonado.
