En medio de un paro de transportistas nacional y el alza de precios en alimentos de primera necesidad, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo de ciertas gasolinas, sin incluir el Gas Licuado de Petróleo ni el Gas Natural Vehicular, el combustible más utilizado por los taxistas y autos colectivos. A pesar de ello, el Consejo de Ministros ha firmado pactos con ciertos gremios nacionales que representan a estos sectores, sin evitar que la convulsión social en las calles de regiones como Junín o la misma capital siga cobrando protagonismo.
Castillo, pese a los pequeños avances, se disparó a los pies al impulsar un decreto de inmovilización social y luego recular, es decir, el hecho de anunciar el toque de queda en Lima y Callao por el día de ayer para que, luego de recibir múltiples reclamos de organismos nacionales e internacionales, termine declarando que suspendía dicha medida.
En ese contexto, Castillo acudió al Congreso de la República con el objetivo, según dijo, de entablar un diálogo y comunicar sus próximas medidas como jefe de Estado.
Sin embargo, congresistas como Eduardo Salhuana, representante de Madre de Dios, manifestó una clara postura en contra de la gestión de Pedro Castillo, pese a las promesas o los intentos de diálogo.
“Ni el presidente ni los ministros parecen entender que este no es un problema de carácter administrativo; no comprenden que es un problema de crisis política, de país. Entonces hoy hemos tenido una reunión más infructuosa que positiva. Ministros que no tenían una visión clara de la realidad, con excepciones”, dijo Salhuana, tras la visita de Castillo al Congreso de la República.
Tras ello, en un medio periodístico de alcance nacional, Salhuana dijo que el presidente debe convocar a un acuerdo nacional, aunque la idea que ahora se impone es exigir su renuncia. Ante el cuestionamiento de su supuesto cambio de postura, pues Salhuana votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, respondió que el pedido de vacancia no tenía sustento constitucional en ese momento, y sin precisar si ahora estaría de acuerdo con impulsar una, insistió en que Castillo debe renunciar al cargo.
