La Contraloría General detectó responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios y un servidor de la Municipalidad Provincial de Tambopata por declarar "procedente" el reajuste de precios de diez entregas de combustible, a pesar de que seis de ellas fueron pagadas y el precio de las restantes no correspondían a las fechas de entrega, ocasionando un perjuicio de S/146 695.
El 24 de setiembre del 2020 la entidad suscribió el contrato N° 059-2020-MPT-GAF, considerando la fecha y los plazos de entrega para la adquisición de combustible Diésel B5-S50 y Gasolina de 84 octanos para la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Tambopata.
Según el Informe de Control Específico N°28222-2022-CG/GRMD-SCE, que comprende del mes de diciembre del 2020 a setiembre del 2021, se identificó que el 15 de diciembre del 2020 el contratista presentó una solicitud de reajuste de precios por S/154 244 correspondiente a diez entregas de combustible (cinco de Diésel B5-S50 y cinco de gasolina de 84 octanos), por lo que que el Sugerente de Abastecimiento y el Gerente de Administración y Finanzas tramitaron y viabilizaron dicha solicitud.
Asimismo, el gerente de Asesoría Jurídica solicitó la disponibilidad presupuestal para el pago de la solicitud de reajuste, pese a que dicha función le corresponde a la Subgerencia de Abastecimiento. Posteriormente, mediante Resolución de Alcaldía N° 451-2021-MPT-A se declaró el reajuste de precios solicitado y se efectuó el pago correspondiente.
"En ese sentido, la comisión advirtió que dichos pagos se efectuaron a favor del contratista con las modificaciones de precios de diez entregas de combustible pese a que seis de ellas ya contaban con conformidad del área usuaria y estaban pagadas y en cuanto a las cuatro restantes, el monto reajustado no correspondía a las fechas en que se entregó la conformidad", dijo la Contraloría desde una nota de prensa.
Dicho informe se emitió en el marco del Megaoperativo Regional de Control, a través del cual se ha recomendado al Órgano Instructor de la Contraloría el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos. Así mismo, fue remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales contra los involucrados.
