Edgar Pinto: "En el momento que decidan removerme del cargo, nosotros estaremos dando un paso al costado"
El presunto gerente de la Sociedad de la Beneficencia manifestó que sigue pendiente la reunión entre los miembros del directorio para determinar que sucederá en la gerencia de la institución. Asimismo, denunció presuntos cobros irregulares durante la gestión de Jaime Ríos.
No se aferra al cargo. El presunto gerente de la Sociedad de la Beneficencia de Puerto Maldonado, Edgar Pinto, indicó que si el directorio decide en estos días removerlo de su cargo como gerente, aceptará esta decisión y dará un paso al costado.
"En el momento que el directorio decida removerme del cargo, nosotros estaremos dando un paso al costado y entregando el cargo como corresponde (...) Yo soy un funcionario de carrera, no tengo miedo de irme de ningún cargo, yo no me agarro los cargos, no quiero hacerlos míos. Entonces el día que tenga que irme, lo haré", señaló en entrevista con Flash Madre de Dios.
Consultado sobre la denuncia del vicegobernador regional y miembro del directorio, Jefferson Gonzáles, de que la resolución de su designación, la Nº29-2020-P-SBPM, era duplicada, Pinto señaló que se trataría de un error administrativo. Indicó además que se le notificó la corrección del documento por la resolución Nº 29-A, 2020-P-SBPM, la cual le fue entregada cerca de dos días después de su nombramiento.
"A mí me han notificado con la corrección que hubo un error, era 29-A. Fue un error por parte de la secretaria. El 29 o 30 de junio me entregaron la resolución corregida, yo tengo la corregida", señaló.
Cabe resaltar que la directora de las Beneficencias Públicas a nivel nacional, Elba Marcela Espinoza Rios, precisó en entrevista para Radio Madre de Dios que los acuerdos tomados durante la sesión que designó a Pinto como gerente, no eran válidos porque no cumplían con la normativa que indica que debe haber un quorum mínimo de tres personas, y en ese momento, solo estuvieron dos miembros, ambos representantes de la Municipalidad Provincial de Tambopata.
Sobre este tema, Edgar Pinto señaló que los directorios son autónomos en sus decisiones, y que, cuando el Ministerio de la Mujer, y la Dirección general de las Beneficencias se pronuncian, brindan opiniones y recomendaciones, pero son solo eso. "Que me reconozcan o no me quieran reconocer, eso desconozco. Lo único es que para mí hay una resolución que me nombra gerente general", dijo. Agregó que cualquier acuerdo que se quiera declarar nulo, se tendría que hacer por la vía judicial.
"La Ley General de Sociedades dice bien claro que cualquier acuerdo que se quiera declarar nulo será en la vía judicial, no puede haber control difuso de la norma, cuando se dice que un acto administrativo va dejar sin efecto una resolución. Eso es falso, no hay forma, estaríamos destrozando el sistema jurídico a nivel nacional", manifestó.
Consultado sobre sus vínculos con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata, Keler Rengifo, Pinto desmintió tener alguna relación de amistad con él y recalcó que su trato es solamente profesional.
Como se recuerda, Pinto fue designado gerente de Emapat hace tres meses y recibió el respaldo del burgomaestre cuando se suscitaba también un conflicto por el cargo con Eduardo Ojeda, el entonces gerente reconocido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Denuncia cobros irregulares
Por otra parte, Pinto denunció que durante la gestión de Jaime Ríos se habrían realizado cobros irregulares a los obreros de construcción del cementerio San Martín de Porres de Puerto Maldonado. Sobre esta situación, indicó, ya hay una denuncia penal.
"Ya las autoridades tienen conocimiento de cobros irregulares. Se ha cobrado a la gente más humilde, a los albañiles, que trabajan del día a día. En un estado de emergencia, les han pedido que paguen por la luz, el agua... que es lo que ellos mismos declaran", indicó.
También se refirió a la obra del cerco perimétrico del cementerio San Martin de Porres. Señaló que durante la gestión de Rios se habría pagado la mitad de la obra, a través de una adenda al contrato que habría modificado y quitado la garantía. El pago se habría liberado en el marco del estado de emergencia, sin embargo, la obra está paralizada desde abril, detalló.