La Contraloría General de la República ha advertido a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de 11 riesgos detectados en el contrato para concesionar el proyecto de construcción y operación de la Planta de Tratamiento Residual (PTAR) Puerto Maldonado.
Entre estos riesgos se encuentra la posible dilación del reinicio de las obligaciones del concesionario luego de una eventual suspensión de obligaciones. En el contrato, se prevé la obligación del concesionario de restablecer los Servicios Obligatorios y y/o reiniciar las obras en el “menor tiempo posible”, una vez que cese la causal que dio origen a la suspensión.
Sobre dicho punto, la Contraloría observa que las condiciones de temporalidad no están definidas con objetividad. “Se recomienda a Proinversión aclarar los referidos extremos de la cláusula a fin de generar incentivos adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones y de evitar controversias en relación con la aplicación de la misma”, indica la entidad en su Informe de Control Previo.
También encontró un riesgo relacionado con posibles controversias en el cómputo de plazos para el cumplimiento de obligaciones. Se advierte que se han incluido cláusulas que establecen dos maneras distintas de computar los plazos relacionados con los cumplimientos de obligaciones de las partes: La primera: desde el día siguiente de recibida la notificación o conformidad correspondiente; y la segunda: desde la fecha de recepción o conformidad correspondiente.
Ante ello, recomienda a Proinversión uniformizar la versión final del contrato y precise la fecha en que empezará a contabilizarse los plazos.
El tercer riesgo detectado se relaciona con el procedimiento de modificación a los Expedientes Técnicos y su alcance. Como se señala, en el contrato final se indica que una vez aprobados los Expedientes Técnicos es factible la modificación de los mismos; sin embargo, no se ha establecido qué procedimiento y plazos deberán aplicarse en caso se solicite la modificación.
Contraloría señaló otras 8 advertencias que incluyen: Riesgo de ausencia de plazos en la aplicación de las penalidades; riesgo de controversias y sobrecostos vinculados a la vulnerabilidad de las áreas destinadas para la construcción; y riesgo de pago de un PPD (Pago por Disponibilidad) mayor al PPD ofertado por el postor ganador.
